Más de 470 personas privadas de la libertad, en su mayoría mujeres, han sido beneficiadas con talleres de formación jurídica liderados por estudiantes del programa de Derecho de Utadeo.
Esta iniciativa, que combina educación, transformación social y enfoque de género, se ha desarrollado en 12 centros de reclusión del país, incluidos Bogotá, Medellín, Cartagena, Acacías, El Espinal y Puerto Triunfo.
El proyecto nació en el Semillero de Derecho Penal y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales, a partir de investigaciones sobre la vulneración de derechos en contextos carcelarios. Desde entonces, se ha convertido en un programa pedagógico con impacto real que busca transformar realidades desde el conocimiento, la empatía y el compromiso ciudadano.
Educación jurídica con enfoque diferencial
Los talleres abordan tres ejes temáticos fundamentales: herramientas jurídicas, enfoque diferencial y ciudadanía desde la prisión. Los contenidos incluyen derechos fundamentales, proceso penal, beneficios penitenciarios, deberes y convivencia, adaptados a cada grupo mediante metodologías participativas, lúdicas y con enfoque de género.
“Hemos desarrollado tres talleres distintos, cada uno con temáticas específicas que responden a las necesidades identificadas en diálogo directo con las personas privadas de la libertad”, explica Beatriz Eugenia Suárez, profesora y líder del semillero.
Estos espacios de formación se han dictado en los siguientes centros penitenciarios:
- Cárcel El Buen Pastor – Bogotá
- Cárcel La Picota – Bogotá
- Cárcel de Cartagena – Bolívar
- Cárcel de Puerto Triunfo – Antioquia
- Cárcel de El Espinal – Tolima
- Cárcel La Modelo – Bogotá
- Cárcel Pedregal – Medellín
- URI Puente Aranda – Bogotá
- Penitenciaría de Acacías – Meta
- Colonia Penal de Acacías – Meta
Mujeres privadas de la libertad, protagonistas del cambio
Aunque el programa ha involucrado tanto a hombres como a mujeres, la participación femenina ha tenido un rol protagónico. Muchas de las mujeres beneficiarias son madres, lo que le otorga una dimensión transformadora al proceso.
“Estos espacios no solo representan un aprendizaje jurídico, sino también una oportunidad para reflexionar sobre su rol como mujeres, ciudadanas y madres. Se cuestionan, se proyectan, piensan en cómo van a aplicar estos conocimientos al salir y reencontrarse con sus hijos y familias”, destaca la profesora Suárez.
El impacto ha sido tangible: algunas participantes han iniciado acciones legales como tutelas y derechos de petición, logrando resultados positivos en defensa de sus derechos. Además, el fortalecimiento de su autoestima, empoderamiento y visión de futuro ha sido evidente.
Un esfuerzo articulado para seguir creciendo
La iniciativa ha contado con el respaldo de la Universidad, el acompañamiento del Ministerio de Justicia y del Derecho, y la colaboración con otras universidades. El equipo espera seguir ampliando su alcance en los próximos años y llevar este modelo de formación a más territorios del país.
Esta experiencia es una muestra del poder transformador que puede tener la academia cuando se conecta con la realidad social, apostando por una justicia más humana, incluyente y consciente del papel de la educación en la reconstrucción de vidas.
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