Según datos del Uppsala Conflict Data Program de la Universidad de Uppsala (Suecia), entre el 2006 y el 2015 México registró cerca de 195.900 homicidios, convirtiéndose en uno de los países más violentos del mundo. De igual manera, el país norteamericano ostenta el triste récord de ser el país de la región con el más alto índice de impunidad. Para contrarrestar ese flagelo, desde el 2008, México ha implementado una serie de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos, conocidos como MASC. Sin embargo, como advirtió Arnulfo Sánchez, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo León, en su conferencia magistral en el Open Week, estas herramientas aún son desconocidas por la población, y por el otro lado, no cuentan con la seguridad jurídica necesaria para su implementación.
Es por ello que, a partir del proyecto de Ciencia Básica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que lideró Sánchez, se logró establecer unos parámetros teóricos que definieran la naturaleza de los Masc, al tiempo que se constituyó una guía práctica para su comprensión y se diseñó un instrumento de evaluación para la certificación de mediadores en materia penal y de justicia restaurativa, el cual puede ser entendido como una innovación jurídica: “lo que inicialmente vimos es que estos mecanismos alternativos no eran fáciles de explicar, y mucho menos, de implementar a través de políticas públicas”, sostuvo el también vicedecano de Posgrados de la universidad mexicana.
El proyecto logró no solo ser un hito para el Masc sino también se constituyó en un ejemplo de eficiencia en la ejecución del presupuesto de la investigación, de tal manera que, con un poco más de 60.000 dólares de presupuesto, se lograron publicar 6 libros, participar en doce eventos, así como contar con el desarrollo de un trabajo monográfico y dos tesis de doctorado y una más de maestría.
Insistió, también, que la generación de nuevo conocimiento por parte del investigador puede incidir en el cambio social de las realidades, pero en últimas, el deber de implementar esos saberes está en el tomador de decisiones.
Ante ello, insistió que en la actualidad, en países como México, no es clara la participación de los proyectos de ciencias sociales en convocatorias de investigación tendientes a resolver problemas nacionales o similares, pues aún existe el imaginario de que estas ciencias son de ‘segunda mano’ , en parte, argumenta, porque los científicos sociales han posicionado esa percepción: “En Ciencias Sociales, muchas veces la teoría no coincide con la realidad o la realidad avanza mucho más rápido que lo teórico”, enfatizó el especialista.
En ese sentido, Sánchez señaló que si bien el Derecho antiguamente se basaba en opiniones del deber ser, ahora debe hacerlo en torno a las cuestiones que recaen sobre la vida cotidiana de la ciudadanía, un concepto que se conoce como realidad socio jurídica: “La investigación para la resolución de conflictos no solo se resuelve en los juzgados sino a través del nuevo conocimiento, y es así como puede transformar al mundo”.
