Emergencia humanitaria en Ituango: más de 800 personas huyen de sus hogares tras amenazas de grupos armados
Habitantes de 12 veredas se resguardan en el casco urbano del municipio debido a las amenazas de muerte. Organizaciones sociales denuncian la difícil situación de violencia que atraviesa la zona. El gobernador de Antioquia anunció activación de “protocolos de seguridad”.
En las últimas 24 horas, 312 familias han abandonado las veredas La Granja, Santa Lucía, Conguital, Santa Rita, El Aro y San Agustín de Leones por amenazas de grupos armados al margen de la ley, principalmente el denominado Clan del Golfo.
Las autoridades en Ituango (Antioquia) reportaron el desplazamiento forzado de 863 personas, que representan a 312 familias, hacia el casco urbano del municipio. De las familias desplazadas, 120 son excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC y pertenecían al antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR "Román Ruiz".
El alcalde de ese municipio, Edwin Mauricio Mira, afirmó que la administración realizó el pasado domingo el censo de la población afectada, que se encuentra distribuida en dos albergues ubicados en el coliseo de Ituango y en una escuela.
Varias organizaciones sociales como la ONG Nodo Antioquia, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Héctor Abad Gómez, la Corporación Nibaru, la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad, visitaron la zona y emitieron un comunicado frente a la situación expresando su preocupación, así: "el incumplimiento sistemático por parte del gobierno Duque a los acuerdos pactados el 24 de noviembre 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, ha implicado para el Norte de Antioquia un retroceso en materia de Derechos Humanos y seguridad, pues desde la fecha, diferentes actores armados han llegado a disputarse y controlar el territorio, como grupos paramilitares y disidencias".
Pese a las denuncias reportadas por las familias y las organizaciones, el Ejército Nacional aseguró que no se han presentado enfrentamientos armados en la zona. No obstante, las víctimas denunciaron amenazas por parte de grupos ilegales que buscan tener control sobre las rentas ilícitas.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en su cuenta de Twitter se manifestó, asegurando que activó los protocolos de seguridad para dar respuesta oportuna a los desplazamientos.
Se espera la intervención oportuna de las autoridades y los órganos de control para evitar que episodios tan lamentables como los de El Salado (Bolívar) y Granada (Antioquia) –de los cuales se cumplen 20 años- lleguen a repetirse.