Luego de los hechos de corrupción comprobados por la Procuraduría General de la Nación, donde el director del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital Wilman Muñoz desviara para sus gastos personales cerca de 11.000 millones de pesos, se ha desatado una coyuntura interna dentro del claustro universitario de Bogotá que ha puesto a los estudiantes en contra de los órganos administrativos de la institución.
Los estudiantes piden dos cosas fundamentales, primero, la salida de todos los funcionarios implicados en los hechos de corrupción, incluyendo al actual rector Ricardo García, acusado por el hoy sancionado Wilman Muñoz y en segundo lugar solicitan la creación de un órgano de participación de carácter asambleario que trabaje para evitar nuevos hechos de corrupción y evitar que se desvien recursos de las arcas de la universidad para intereses particulares, a lo que han determinado la Asamblea Universitaria, el cual sería el máximo espacio de decisión de la universidad, haciéndole contrapeso al Consejo Superior Universitario (CSU).
Ante esta solicitud el rector encargado, William Castrillon, afirmó que "se requieren unas condiciones y unos escenarios que se deben mirar en términos de viabilidad jurídica, de cómo se desarrollaría el escenario político”. Este tipo de respuestas y trabas, no son nuevas, por eso la apertura de la asamblea universitaria para evitar temas de corrupción, el movimiento estudiantil lo viene solicitando desde el 2014 y acusan al CSU de dilatar dichas solicitudes ya que no les conviene un órgano de participación que genere veeduría y contraloría en los recursos destinados para la educación superior de los bogotanos.
Por esta razón, el pasado 30 de octubre todos los estudiantes de la Universidad Distrital se dieron cita en la sede de Bosa Porvenir, donde se declararon en paro indefinido a partir de la fecha hasta que el CSU apruebe la asamblea universitaria, según el rector encargado “Si nosotros extendemos un semestre o cancelamos, eso tiene muchas implicaciones en temas presupuestales, pues la operación diaria de la institución es de 1.000 millones de pesos”.
Esto resulta muy costoso para la ciudad, ya que se les debe extender el contrato a profesores y trabajadores, por cada día hábil de clase que pase a partir del 31 de octubre los Bogotanos perderán de sus impuestos diariamente 1.000 millones, según Victor Diaz estudiante y representante de la Universidad Distrital “el ex director sancionado por la procuraduría no solo le robo 11.000 millones a la Universidad si no que la cifra y daños van muy por encima de este costo, las pérdidas irán aumentando, las actuaciones del funcionario alteró la tranquilidad de la comunidad académica, se suspendieron múltiples espacios académicos, el ambiente dentro de las diferentes sedes se ha puesto tenso por la confrontación entre administrativos y estudiantes, las sedes se encuentran bloqueadas, hay constante represión por parte del escuadrón ESMAD, se desató una ola de violencia y todos estos daños configuran un grave atentado de la corrupción en contra de los estudiantes de Bogotá, por esto los estudiantes se mantienen en firme con el paro indefinido y seguirán en las calles haciéndose escuchar, poniendo frente a la corrupción y no se levantara el paro hasta que el CSU de vía libre a la creación de la asamblea Universitaria para evitar nuevos saqueos al presupuesto para la educación que tanto nos hace falta"