El fracking, una promesa incumplida

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El fracking, una promesa incumplida

Utadeo en los Medios
El fracking, una promesa incumplida
Jueves, Mayo 9, 2019
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Retomando el informe presentado por la Comisión de Expertos sobre los efectos del fracking, el consejero de Utadeo, José Fernando Isaza, en su columna de El Espectador, traza las principales problemáticas que traería esta tecnología para nuestro país.
Fotografía: Archivo Utadeo

Un historial de promesas incumplidas. A propósito de la aprobación del fracking dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el exrector y consejero de Utadeo, José Fernando Isaza, en su columna de opinión en El Espectador, recordó que en la campaña electoral de Iván Duque, este prometió que dicha tecnología no sería usada en su Gobierno, dado que se han comprobado las consecuencias negativas que esta trae para la salud humana, sumada a la contaminación de acuíferos, el aumento de la actividad sísmica, la degradación de la biodiversidad y la contaminación del aire y del suelo: “En cierta forma levanta la promesa de prohibición del fracking, pero no lo autoriza explícitamente. Utilizando una expresión propia de los adolescentes, ‘es solo la puntica’”, señala Isaza frente a lo expuesto por el plan.

Prestigiosos académicos, en el informe de la Comisión de Expertos sobre los efectos del fracking, han insistido en la necesidad de lograr una “licencia social” antes de proceder con este tipo de técnicas, es decir, que cuente con la aprobación continua de la comunidad local y de los demás grupos de interés. Hasta el momento, dichos proyectos carecen de esa licencia, al tiempo que, si bien existe una legislación robusta sobre la protección ambiental, la institucionalidad tiene grandes debilidades en aspectos como la supervisión, el control y la aplicación de la normativa.

“Consideran que es necesario reconstruir la confianza entre las comunidades, las instituciones y las empresas operadoras y que se identifiquen los pasivos ambientales no compensados en la zona donde se pretende adelantar el PPII. Hay consenso en pedir que se cumpla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones”, añade Isaza.

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