El pico y placa solidario y el “delito” de movilizarse por la ciudad
En su más reciente columna de opinión en El Espectador, el consejero y exrector de Utadeo, José Fernando Isaza, reflexiona en torno a los excesos en la formalidad de nuestro sistema normativo, poniendo como ejemplo a Antonio Goyeneche, un personaje que vivió en la Universidad Nacional y cuyas ideas disparatadas, como pavimentar el río Magdalena o construir una gran sombrilla para Bogotá, con el ánimo de protegerla de la lluvia helada, hicieron carrera en el imaginario de los colombianos.
“Una audaz iniciativa para estimular la lectura consistía en cerrar todas las carreteras y los aeropuertos, solo se permitiría viajar por tren, que se detendría cada 20 o 30 km durante unas horas en una estación dotada con una biblioteca, así que la única forma de paliar al aburrimiento sería leer algún libro. La propuesta de la Secretaría de Movilidad de Bogotá sobre el pico y placa solidario rememora las ideas del antiguo contertulio de los años universitarios”, argumenta el columnista.
Así, pues, describe como ilógica la manera en la que se ha planteado el pico y placa solidario, en la que el propietario del vehículo deba pagar una suma cercana a los 4 millones al año para evitar esta restricción, siendo risible la educación forzada que se quiere dar con la iniciativa.
“Parte de la hipótesis de que quienes se movilizan en carro lo hacen no por necesidad, sino por el deseo malévolo de perjudicar el medio ambiente. Se ignora que algunas personas tienen limitaciones físicas que les dificultan el uso del transporte masivo. ¿Cómo conciliar la necesidad de transportarse con distanciamiento social en los buses de Transmilenio? A lo anterior debe agregarse que se parte de la creencia de que un taxi contamina menos que un vehículo particular para ir del punto A al punto B, aunque el taxi tiene que recorrer desde su sitio de llamada al punto A, ir al B y seguir su trayectoria”, dice.
