El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento de gestión pública, no una reforma tributaria
A propósito de la inclusión de la financiación de Electro-Caribe como punto del Plan Nacional de Desarrollo, el cual supone incrustar un gravamen para los estratos 4,5 y 6 a nivel nacional, es el tema sobre el que versa la más reciente columna de opinión en El Nuevo Siglo del presidente del Consejo Directivo de Utadeo, Jaime Pinzón.
Para el columnista, esta propuesta enreda el planteamiento del Plan, razón por la que debería pensarse en otras condiciones de refinanciamiento, o por ejemplo, conseguir mejores condiciones para vender la compañía o incluso el uso de regalías: “Abrir la compuerta de imponer sobretasa mensual en las facturas de electricidad es pésimo precedente. Ante el deterioro de instituciones de servicios públicos ya se escuchan voces pidiendo igual tratamiento para ellas”, señala Pinzón.
Pinzón argumenta que el Gobierno atraviesa graves dificultades, especialmente en su orden institucional y fiscal. Por ejemplo, subraya que la anterior administración nacional se comprometió a adjudicar extensiones de tierra a los indígenas, sin que se conocieran las condiciones o los plazos.
En ese sentido, el directivo sostiene que no es competencia del ejecutivo legislar sobre lo divino y lo humano, a través del Plan Nacional de Desarrollo, razón por la que las metas se alteran cuando se toman atribuciones para “crear y fusionar instituciones, reordenar empleos, disponer de baldíos, modificar el régimen pensional, enajenar bienes, cambiar el sistema pensional y de salud, efectuar el ajuste laboral, disponer de autorizaciones para adecuar energías renovables, aprobar la transformación de las tecnologías de la información”.
De este modo, el PND, advierte, solo debe ser visto como un instrumento de gestión pública general y local, y no como una reforma tributaria.
