Con motivo de la elección del contralor de la República, quien es el encargado de ejercer control y vigilancia sobre la gestión de los derechos públicos y privados en el país, así como de la próxima Consulta Anticorrupción, que se llevará a cabo el 26 de agosto, el profesor emérito de Utadeo, Salomón Kalmanovitz, se pronunció en su columna de opinión en El Espectador sobre el fenómeno de la corrupción en Colombia, al que calificó como endémico, pues sus mayores alzas se dan en los períodos electorales, con el financiamiento privado de las campañas políticas.
Ante ello, el columnista sostiene que el Centro Democrático siempre tiene sus arcas llenas para financiar sus campañas políticas, en la medida que grandes compañías siempre están dispuestas a dar dinero para estas campañas, a cambio de contratos con el Estado o de ser exonerados de impuestos: “El sistema político está basado en el clientelismo, que intercambia puestos, tejas, víveres y dinero por el voto a favor del político. Se le llama clientelismo de mercado porque es la forma moderna del viejo gamonalismo, que estaba basado en relaciones personales de patronazgo. El Consejo Nacional Electoral otorga curules si logra acuerdos entre los representantes de los partidos mayoritarios en contra de los partidos débiles. En otros países existen tribunales electorales administrados por jueces independientes”.
Así mismo, asegura que la corrupción es sistémica al permear todos los niveles del gobierno, especialmente en aquellas regiones del país donde el Estado es más débil en materia de salud, educación y programas sociales.
Como si esto fuera poco, Kalmanovitz asegura que los entes de control y del Legislativo también se manejan en torno al clientelismo del mercado, como por ejemplo, la proliferación de contralorías y defensorías, así como cortes donde existen magistrados que venden sentencias: “El resultado es que el crimen de la corrupción paga con creces”, enfatiza.
Finalmente, Kalmanovitz hace un llamado a los colombianos a pronunciarse en contra de esa cultura de la ilegalidad y de la corrupción política, a través de la consulta anticorrupción, en la que, entre otras, se busca rebajar el salario a los legisladores, así como impedir que estos se mantengan en el poder por varios periodos, al tiempo que se plantea una contratación transparente con pliegos únicos y con rendición de cuentas.
