“Los delitos electorales y de corrupción benefician a las cabezas de la clase política”
Aunque los delitos electorales no son nada nuevos en Colombia, existe una “incongruencia” entre las condenas que se le imponen a políticos como Aída Merlano y otros candidatos que obtienen su curul de manera fraudulenta, pero que nunca fueron cuestionados, tal como ha sucedido con los partidos Conservador y Cambio Radical. Así lo comenta el profesor emérito de Utadeo, Salomón Kalmanovitz, en su más reciente columna de opinión en El Espectador, a propósito del caso de la excongresista que, hasta el día de hoy, es prófuga de la justicia.
Basado en la investigación de Razón Pública, puede deducirse que existe una red de compra de votos que, en el caso de Merlano, incluía a por lo menos 21 personas, quienes desarrollaban operaciones electorales irregulares, en Atlántico, Bolívar y Magdalena. Uno de los hallazgos más importantes por parte de las autoridades fue el de una caja fuerte con una suma de 261.000 millones de pesos que alcanzaban para comprar cerca de 2,5 millones de sufragios, teniendo en cuenta que cada uno de ellos se pagaba a 100.000 pesos.
“Hay que aclarar que la compra de votos se da en todo el territorio nacional donde hubo además más de un millón de trasteos de cédulas. Significa que muchos políticos en ejercicio no cuentan con suficiente apoyo de los ciudadanos ni los representan”, indica Kalmanovitz, quien también evoca los casos de corrupción y clientelismo en Andrés Felipe Arias y Yidis Medina.
En el caso de Arias, señala, el exfuncionario llegó extraditado y ha sido tratado como víctima de una persecución judicial: “Actualmente se encuentra recluido cómodamente en un cantón militar, a pesar de que la justicia ordenó su detención en centro penitenciario. Él es solo parte de un grupo grande de funcionarios que fueron condenados por adelantar políticas del expresidente Álvaro Uribe Vélez”.
Medina, por otro lado, fue condenada a casi cinco años de prisión por vender el voto que permitió la reforma a la Constitución en torno a la reelección: “los exministros Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacios y el secretario de la Presidencia Alberto Velásquez fueron condenados por cohecho a seis y cinco años de prisión. El beneficiario de sus delitos no ha recibido pena alguna, ejerció su poder sin cortapisas otros cuatro años, y su partido trata de intimidar a la justicia con plantones y anuncia su reforma para garantizar la inmunidad de sus cabezas”, añade.
