Muchos contratistas de las principales obras que se efectúan en Colombia aseguran que las consultas previas a las comunidades afectadas por las obras son la causa de los retrasos de la mayoría de estas, ocultando lo que más bien podrían ser actos de corrupción. Esta es la hipótesis del consejero de Utadeo, José Fernando Isaza, en su más reciente columna de opinión publicada en El Espectador.
“Las empresas que manejan la corrupción como una parte importante dentro de su estructura administrativa con alguna razón piensan que una forma de ocultar el delito es ejecutar a tiempo las obras fruto de una fragante violación a todos los estándares éticos”, destacó el columnista.
Así, ejemplifica Isaza, obras que terminaron en fracaso como la del túnel de La Línea o la doble calzada Bogotá-Girardot, evidencian que el problema se debe más a la improvisación contractual y los delitos de corrupción que a la aprobación de la comunidad.
El columnista enfatizó que es posible ser eficientes en la ejecución de las obras respetando a las comunidades, tal como sucedió con la hidroeléctrica sobre el río Sogamoso, en la que Isagén buscó que la calidad de vida de los habitantes de sus alrededores se mejorara: “Oír y atender las justas peticiones es la forma de realizar eficazmente las obras de infraestructura. Una buena ingeniería que conduzca a buenos diseños no sólo es una limitante a la corrupción, sino también un acelerante a la ejecución”, finalizó Isaza.
