¿A dónde van las regalías?

Las regalías son parte de las rentas mineras, sobre todo petroleras, que les deben llegar a las comunidades para atender sus necesidades.

Antes de 2012, sólo tenían derecho a ellas los municipios productores o por donde pasaran los oleoductos, lo cual hizo poco por disminuir la pobreza en Casanare, el Meta, en La Guajira o en el Cesar, pero favoreció a los contratistas de obra pública que la intercambiaban por financiamiento de las campañas de los políticos. Eran notorios los acueductos fallidos, las obras inconclusas y los sobreprecios que les colgaban.

En una década de bonanza minera y petrolera que se extendió entre 2003 y 2014, las regalías efectivamente cobradas al oro y al níquel permanecieron en niveles bajos, mientras que las del petróleo eran mayores porque el Gobierno conocía a través de Ecopetrol las entrañas del negocio. La minería ilegal y los negociados con las grandes empresas transnacionales evidencian un Estado débil que no controla su territorio o permite la corrupción a gran escala.

La administración Santos quiso cambiar la asignación de las regalías para que se distribuyeran por todo el territorio nacional, de acuerdo con criterios de necesidad de la población: destinar más recursos a las poblaciones en extrema pobreza y contribuir a proyectos educativos, sanitarios y de economía agrícola y doméstica. A dos años del cambio de destinación, las regalías siguen destinándose en su mayoría a infraestructura, con el 30% del total, mientras que programas de inclusión social o vivienda para familias pobres no asignan más del 2% de las mismas. La destinación resultante apenas reduce la pobreza en el país porque las poblaciones más necesitadas no cuentan con el poder político para hacerse a los recursos. Eso informa una investigación del Observatorio del Caribe, elaborada por Lina Moyano y Philip Wright, para los departamentos y municipios de la costa norte.

Los autores muestran que las regalías dan para todo: 10% para ciencia y tecnología que no llegan, pensiones territoriales que no alcanzan y un fondo de ahorro con sus arcas vacías. Quedan unos $863.000 millones (0,12% del PIB) para combatir la pobreza que se comparten entre municipios ricos que reciben regalías similares a otros muy pobres. Los autores sostienen que una asignación directa a las familias más necesitadas, en efectivo y no en programas, hubiera tenido un impacto mucho mayor en la reducción de la pobreza extrema, pues habría alcanzado para entregarle a cada familia más de un salario mínimo mensual. Si se hubieran distribuido entre todas las familias pobres, hubiera representado tres veces el subsidio ($194.000) que reciben del programa Familias en Acción.

Adolfo Meisel había calculado que un solo programa de erradicación del analfabetismo que permanece en la región Caribe (15% de la población adulta) hubiera sido muy barato, pero hubiera tenido un impacto mayor sobre la disminución de la pobreza y el desarrollo económico que todos los proyectos de cemento sumados, y que son tan atractivos para los políticos y sus contratistas.

Ahora que se acabó la bonanza minera, las regalías que les tocarán a las comunidades van a reducirse considerablemente, lo que hace necesario focalizarlas de mejor manera que en el pasado. Según Moyano y Wright, una parte puede hacerse en efectivo, otra en mejoramiento de viviendas y el resto en infraestructura que beneficie directamente a los más pobres.

Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com