La economía colombiana se caracteriza por una estructura concentrada, imperando los duopolios en buena parte de sus ramas. Eso permite que las empresas descremen a los consumidores, mediante precios mucho más altos de los que resultarían de la existencia de competencia. Voy a exponer tres casos, en todos los cuales entidades del Gobierno contribuyen a que los precios sean mayores a los que se darían sin intervención pública.
El precio de la gasolina en Colombia ha descendido 7% en los últimos tres meses, que no se corresponde con la caída del 52% del precio del crudo en el mismo lapso. La nueva fórmula que utiliza el Gobierno para determinar el precio se desconoce, pero anteriormente estaba ligada al precio de la gasolina en el golfo de México, más el transporte a Cartagena, que no existe porque las refinerías colombianas atienden las necesidades del país. Ecopetrol adquiere etanol y aceite de palma para mezclarlos con la gasolina y el diésel y tampoco publica los precios que les paga a los ingenios y a los palmeros desde 2013. A pesar de que el precio internacional del etanol está en $3.500 por galón, es probable que les esté pagando a los ingenios $7.900, parecido a lo que cobra por el combustible compuesto. El precio internacional del biodiésel es más alto que el del etanol, pero no conocemos con certeza qué monto están recibiendo los productores de tan importante gremio.
Tenía un viaje a Ibagué y consulté los precios de Avianca y LAN a ese destino, que se recorre en 20 minutos desde Bogotá; ambas tarifas eran muy parecidas, pero no idénticas, y se acercaban al medio millón de pesos por el viaje de ida y vuelta. Busqué en Easyfly, una empresa nueva que trabaja con márgenes muy bajos, y encontré que cobraba $206.000 por el viaje Medellín-Ibagué-Medellín, una distancia no muy diferente, pero que no estaba autorizada para viajar entre Bogotá e Ibagué. El permiso lo concede la Aeronáutica Civil, a la que parece no preocuparle los bolsillos de los usuarios. En la mayor parte de los destinos internacionales se observa el mismo racionamiento del tráfico que permite cobrar precios exorbitantes por los destinos a Nueva York, Miami y Madrid.
Al tratar de adquirir el tiquete a Ibagué por millas acumuladas por una tarjeta de crédito asociada a una de las empresas, me cobraron 16.000 millas, cuando en los horarios menos apetecidos cobraban 6.000 millas. Las aerolíneas están cobrando durísimo los pasajes en temporada alta y fines de semana, lo cual las induce a no aumentar las frecuencias para atender la demanda, sino a elevar el precio de los pasajes. De esta manera, se racionan las frecuencias para obtener ganancias muy elevadas y desvalorizan las millas que se ganan con el uso de la tarjeta y por ser fiel y frecuente viajero de la aerolínea.
La misma tarjeta de crédito cobra una comisión anticipada cada mes de $36.600 porque supuestamente administrar las millas es costoso. La tasa de interés que fijan todas las tarjetas de crédito está atada a la tasa de usura que define la Superintendencia Financiera, que en la actualidad es de 30% anual, lo cual hace que cobren el 29,99%. La misma franquicia en Estados Unidos cobra 18% anual con una tasa de fondeo que sólo está 3 puntos por encima de la colombiana. La tarjeta extrae además una comisión al negocio que hace la venta.
En los tres casos lo notable es que la intervención del Gobierno no favorece el interés público, sino el de los oligopolios.
Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com


