La guerra contra las drogas no se puede hacer con bravuconadas ni tampoco como si fuera una santa cruzada, sin importar si victimiza a los campesinos ciudadanos, tratándolos como enemigos.
Se trata de una guerra que debe hacerse con inteligencia, aislando a los narcotraficantes de la población, debilitándolos en su logística y en su economía, imponiéndole pérdidas que no puedan superar. No se saca mucho atacando su flanco más débil, sólo porque aparentemente no ofrece resistencia.
La Comisión Asesora en Política de Drogas acaba de entregar una serie de recomendaciones sensatas al gobierno colombiano que precisamente encaran la lucha contra este flagelo, pensando en estrategias que le dan un vuelco a la política improvisada e impuesta por los Estados Unidos durante 30 años. La política contra el narcotráfico en Colombia no ha sido tampoco un fracaso: en los años 90 se liquidaron los dos grandes carteles de la droga en el país, lo que llevó a la atomización del negocio y a que las mafias mexicanas se hicieran al grueso de las utilidades generadas por el mercado norteamericano. Mientras se reprimía exitosamente acá, el negocio se expandía, y ¡de qué manera!, en México. Colombia se tornó cultivador y proveedor de base de coca y no ha sido posible destruir las nuevas formas que asumió el narcotráfico a la fecha.
La Comisión propone una centralización de todos los esfuerzos contra la droga en una agencia dotada de personal calificado y recursos para dar la batalla en las áreas que jerarquice. El énfasis debe darse a las labores de inteligencia que descubran las rutas, la provisión de insumos para los laboratorios, la forma como se lavan los activos de las organizaciones criminales y darle dientes a la expropiación de sus bienes. Se debe contar también con una política integral de salud pública, que disminuya los impactos más negativos sobre la población consumidora y que logre recuperarla de la adicción.
Se requieren investigadores que analicen y soplones que entreguen información sobre la naturaleza del negocio. Bombardear los laboratorios, capturar las embarcaciones y aviones que transportan el alijo son medidas eficientes y menos costosas que atacar los cultivos. Trazar el rumbo de los insumos químicos requeridos para el procesamiento de la coca puede ayudar a destruirlos y causarle grandes pérdidas a sus propietarios. Es fundamental el seguimiento a las finanzas de la actividad criminal. “Follow the money” hacia los bancos y los paraísos fiscales, perseguir las actividades de lavado como el contrabando y el testaferrato, siguiendo las cuentas de los familiares y amigos de los capos; lograr expropiar los activos mal habidos de los negociantes de la droga es una buena forma de debilitar el negocio.
La comisión revela que la extradición, que solía ser la gran amenaza contra los narcotraficantes, ha dejado de serlo: el sistema de negociación de penas norteamericano ofrece rebajas de sustanciales de tiempo en prisión y hasta guardarse las fortunas mal habidas, con tal de que los traficantes colombianos entreguen rutas y a sus socios mexicanos. Es mejor, por lo tanto, confrontarlos con la justicia local y asegurar que contribuyan a que caigan sus cómplices y organizaciones.
La guerra contra las drogas podría ser así mejor librada, de manera más focalizada y eficiente, sin tantos daños colaterales que afecten a la población.
Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com


