Construcción de Estado

Comparto las apreciaciones de Mauricio García Villegas sobre la debilidad intrínseca del Estado colombiano.

La inexistencia del imperio de la ley, su inefectividad, la falta de reglas claras dan lugar a la inseguridad de que fue víctima su anciano padre. Según García Villegas, “a veces pienso que en Colombia la gente está tan acostumbrada a ser víctima del Estado, que se le olvida que también es víctima, y a veces de peor manera, de la falta de Estado”.

La sociedad de masas se le vino encima a este raquítico Estado oligárquico, desbordándolo abrumadoramente. No es sólo su debilidad económica, manifiesta en la baja participación del Gobierno central en la riqueza generada, sino en que estos recursos son capturados por dinastías del nivel nacional y regional que no tienen contrapesos que impidan su gestión corrupta. Es más, la Procuraduría y las otras “ías” sirven para consolidar la corrupción en vez de prevenirla. Las burocracias son incompetentes, reclutadas por patronazgo que no por mérito, y no cuentan con autoridad para aplicar las leyes a los que sí saben quiénes son.

Un tema afín analizado por Antanas Mockus es el divorcio entre ley, moral y costumbre. Tenemos una Constitución para ángeles que pretende regular un pueblo profundamente religioso y que se orienta por tradiciones que niegan los derechos de mujeres y minorías. Es eso precisamente lo que permite que el procurador vulnere la Constitución con la Biblia en la mano. La frontal desobediencia de la ley que exhibe impúdica la extrema derecha deslegitima más al Estado que la propia insurgencia.

La tributación es escasa porque los dueños de las empresas y tierras tienen la representación política para defenderlos; cuentan además con zonas francas y paraísos fiscales desde los cuales evaden olímpicamente. Según Juliana Londoño, el segmento de los contribuyentes más ricos del país, el 0,1% superior, paga sólo el 4% de su ingreso en impuestos. La DIAN está maniatada por la Procuraduría para llevar a juicio a los grandes evasores, permitiendo la prescripción de sus procesos, incluyendo el del “rey de la chatarra”. La comisión de expertos tributarios conoce estos desvíos y tiene propuestas para frenarlos, pero no estoy seguro de que el presidente Santos las siga para fortalecer al Estado y encarar adecuadamente el posconflicto, si es que se torna realidad.

Existe una estructura sobrecentralizada de la administración pública que la hace aún más ineficiente. El Gobierno no conoce los problemas de las regiones y les destina recursos que se pierden en los intercambios con las élites locales. El problema no es simplemente una mala relación entre centro y periferia, una categoría revivida por James Robinson y que se volvió un comodín que parece explicarlo todo. De hecho, la débil descentralización que surgió con la elección popular de alcaldes y de gobernadores, además de su empoderamiento tributario, ha dado lugar a círculos virtuosos en muchas ciudades y municipios del país, algo que aplica menos a los departamentos y a las corporaciones regionales.

Si las administraciones de las periferias se fortalecen mediante un recaudo eficaz de impuestos locales, multiplicarán el alcance de los recursos nacionales que se les transfieran. Para ello se requiere que se actualice y universalice el catastro (que cubre sólo el 50% de los predios) para que los municipios puedan cobrar mayores impuestos prediales. Queda por construir Estado, mucho Estado.

Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com