Al borde de un racionamiento nervioso

El sistema energético colombiano parece estar superando la más dura prueba que tuvo que encarar desde El Niño de 1992.

En esa ocasión, había pocas térmicas, las que existían estaban descompuestas y las hidroeléctricas llevaban retrasos enormes para darlas al servicio; además, estaban plagadas de subsidios que las llevaron a que no pudieran honrar sus deudas, forzando a que las asumiera el Gobierno.

La reingeniería que se le hizo al sistema ha probado ser exitosa, aunque no del todo: unas privatizaciones resultaron mal hechas, sobre todo en las electrificadoras de la costa Caribe que prestan un servicio de mala calidad; otras, como la de la Empresa de Energía de Bogotá, dieron lugar a una empresa sólida, cuya propiedad es compartida por la ciudad, fortaleciendo sus finanzas. Otra parte del sistema siguió siendo estatal, como las Empresas Públicas de Medellín, que se convirtieron en el gigante del sector en el país.

La regulación permitió que todos los operadores obtuvieran rentabilidades estables y altas, induciéndolos a invertir en nuevas plantas. Se les permitió cobrar un cargo por confiabilidad que fue importante para financiar las nuevas represas de El Quimbo y Sogamoso; también para aumentar la capacidad de las termoeléctricas que probaron ser claves en superar la falla que se presentó en la represa de Guatapé, operada por EPM. El cableado de sus máquinas estaba basado en una tecnología obsoleta que se incendió en el peor momento imaginable para el sistema y requiere su cambio total.

Según Luis Guillermo Vélez, de Eafit, “el accidente de Guatapé… quitó al sistema el 30% de la energía embalsada y el 4% de la capacidad de instalada y un porcentaje substancialmente mayor de la energía a generar durante los meses críticos, estimado en más del 10% de la generación, dado el impacto en las plantas de San Carlos y Playas, situadas aguas abajo”.

Las térmicas tuvieron que trabajar por encima de su capacidad y una de sus unidades en Barranquilla también se fundió. El Gobierno fue imprevisivo al no asegurar que el suministro de gas para las turbinas de generación fuera suficiente, obligándolas a operar con combustibles más costosos, algo que comienza a superarse con las importaciones de gas licuado. La CREG además probó ser ineficaz frente a Electricaribe. Finalmente, la trasmisión de energía desde Ecuador, además del ahorro llevado a cabo por empresas y hogares y la llegada de la temporada de lluvias, auguran que se evite un racionamiento.

Los profetas del desastre les dieron palo a los presuntos responsables. El Gobierno quemó a un ministro por ser técnico y no contar con padrinos políticos. Algunos radicales del ambientalismo, que se opusieron tanto a las dos nuevas represas, también levantaban su dedo acusador contra los causantes del racionamiento eléctrico. Los políticos se rasgaron las vestiduras frente el incremento de las tarifas que debía pagar el pueblo, sin considerar que la primera línea de defensa frente a una situación de oferta insuficiente es aumentar el costo de su uso. Otros politicastros acusaron a la corrupción del Gobierno por el desastre que se nos venía encima.

El sistema colombiano demostró ser resiliente, pues contaba con los incentivos requeridos para superar problemas extremos. Compárese con Venezuela, que cuenta con las reservas de energía más elevadas del planeta, pero sufre de apagones generales frecuentes y de un racionamiento eléctrico de seis horas diarias.

Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com