Cristina Fernández está segura de que ganará la elección presidencial del 25 de octubre pues su candidato, Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, aparece como favorito en las encuestas.
Ella baila entusiasta en la manifestación de cierre de la campaña, mientras el candidato se ve meditabundo —no está seguro de su relación de amor-odio con ella— y es posible que no le alcance su caudal para ganar la primera vuelta; en una segunda, sus enemigos puede unirse y derrotarlo. Lo cierto es que, no importa quien gane, el nuevo gobierno debe encarar los graves desequilibrios propiciados por 12 años de populismo.
A pesar de haber disfrutado de precios extraordinarios por más de una década para la soya, su principal producto de exportación, la economía argentina lleva estancada cuatro años. Es uno de los pocos países del mundo que les plantan impuestos exorbitantes a las exportaciones; además, prohibió las de carne para abaratar el consumo interno. Tales medidas desincentivaron el comercio exterior y crearon una creciente escasez de divisas.
En vez de permitir la devaluación del peso y retirar las restricciones a la actividad exportadora, lo que hizo el Gobierno fue racionar las divisas y aumentar los aranceles. Las reservas internacionales pasaron de US$50.000 millones hace un lustro a US$5.000 millones en la actualidad. Mientras tanto, la tasa de cambio oficial está en nueve pesos por dólar (que se aplica a los exportadores), mientras que el dólar azul o de mercado está en 16 pesos.
Algo peor sucedió con el gasto público para atender su expansión: en vez de vivir dentro de los límites permitidos por el recaudo tributario, el Gobierno optó por forzar al banco central a que le entregara sus reservas internacionales y a que emitiera a su favor, lo cual precipitó la renuncia de su gerente. El gasto en pensiones y subsidios cubre hoy al 40% de la población, duplicando el nivel que encontró Cristina en 2007, según The Economist.
El déficit fiscal alcanza al 6,5% del PIB y su financiamiento ha creado una inflación del 25%. La política contra la inflación fue tomarse el instituto de estadística para que diera datos falsos que la lograron reducir al 10%. El Gobierno perdió tanta credibilidad que las negociaciones salariales con los sindicatos se hacen sobre la bases de las informaciones de precios que proveen las encuestadoras privadas, pero los ajustes salariales no logran compensar la inflación.
Un gobierno responsable financia su déficit con endeudamiento interno o externo, pero, en el caso argentino, su baja credibilidad y la alta inflación dificultan la emisión de bonos pues la tasa de interés que deberá pagar es altísima. La terquedad de la presidenta frente a unos bonistas internacionales, que no aceptaron las condiciones con que se peluqueó la deuda soberana para la mayoría, le ha cerrado las puertas al financiamiento externo. En todo caso, la deuda pública de Argentina es pequeña. Por estas dos circunstancias —y de no mediar el régimen de Cristina— podría ser sujeto de crédito nuevamente.
La reducción del déficit fiscal, la devaluación y la reducción de la inflación deberán acometerse de manera gradual, para no provocar una reacción social que la expresidenta pueda aprovechar, dado su gran poder, para darle un golpe al presidente elegido. Pero de no reparar las roturas macroeconómicas, al nuevo Gobierno le tocará enfrentar una implosión como la que está viviendo Venezuela.
Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com


