El beneficio de la paz

¿Qué le puede aportar un acuerdo de paz al crecimiento económico del país?

Esta pregunta se puede contestar desde el terreno mismo del conflicto o haciendo comparaciones con otros países que pasaron por guerras civiles o combatieron a grupos insurgentes.

El primer enfoque fue utilizado por Ana María Ibañez enfatizando la incertidumbre y el temor que despiertan choques violentos en la conducta de los hogares campesinos. Ella concluye que los productores en las áreas afectadas reducen sus inversiones en cultivos de tardío rendimiento, se dedican más a cultivos transitorios y dedican una mayor parte de sus lotes a los pastos. Las unidades agrícolas optan por un equilibrio de subsistencia.

Los choques son mayores en áreas donde no hay predominio de alguno de los grupos armados pues recurren a la violencia sobre la población para que no apoyen a sus contrincantes. En todas las situaciones se reduce el comercio y las actividades legales. Los actores armados imponen su gobierno, cobran impuestos o vacunas, reclutan de manera forzosa o voluntaria a los jóvenes y presionan a los campesinos a que cultiven coca. “Los hogares que viven en zonas de conflicto producen menos, obtienen menores utilidades y enfrentan mayores costos, aunque no sean víctimas directas de choques causados por el conflicto. Estas estrategias subóptimas pueden persistir después de que cese el conflicto”.

El enfoque escogido por Planeación Nacional fue el de las comparaciones internacionales: 18 países con conflictos similares al nuestro que alcanzaron acuerdos de paz y que pasaron de crecimientos basados en las inversiones militares a la normalización y mayor crecimiento de la producción agraria, de la construcción y de la industria. El mecanismo que opera es el del aumento de la inversión en general y en especial de la extranjera. El dato que llenó los titulares de los medios es que la terminación del conflicto aumentaría el crecimiento anual del PIB colombiano en casi 2 puntos porcentuales.

Es aparente que el enfoque de planeación no tiene una base empírica que le permita medir los costos del conflicto y lo que puede representar su fin. Lo cierto es que entre 1985 y 2013, de acuerdo con el Grupo de Memoria Histórica, unas 170.000 personas murieron, se perpetraron 2.000 masacres por grupos ilegales y mas de 8 millones de hectáreas fueron apropiadas ilegalmente, mientras que 4 millones de personas, más del 8% de la población rural, tuvieron que emigrar. Por lo demás, las rentas del narcotráfico y de la minería ilegal son fuentes importantes del crecimiento económico en las zonas de conflicto, cifras que son desconocidas por la contabilidad nacional.

En condiciones de paz será fundamental restablecer el imperio de la ley en las zonas de conflicto, algo que no existe plenamente ni en las zonas urbanas del país, y asegurar derechos de propiedad vulnerados para que los hogares vuelvan a invertir en proyectos de largo plazo —más si son financiados formalmente— y puedan aumentar su riqueza. Si se reducen las fuentes ilegales de ingresos, el crecimiento económico de los territorios puede incluso caer. Los efectos asociados con el debilitamiento de la guerrilla han producido ya un aumento de la inversión extranjera en petróleo y minería.

El beneficio está en otra parte: en la reducción del sufrimiento y del miedo de millones colombianos humildes que han sido expropiados y atropellados por los grupos ilegales.

Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com