El desempeño fiscal de Bogotá comparado

Hace 10 años Barranquilla y Cartagena tenían muy pobres comportamientos fiscales comparados con Bogotá.

Los impuestos por habitante de la primera eran el 45% de los de la capital, mientras que los de Cartagena eran de un 35%, aun descontando el hecho de que la riqueza concentrada en Bogotá era la más alta del país. La capital tenía el mejor desempeño fiscal de las ciudades colombianas: sus ingresos tributarios eran altos, los ciudadanos veían el producto de sus impuestos que pagaba disciplinadamente, mientras que sus empresas públicas arrojaban excedentes que engrosaban las arcas de la ciudad.

En la ciudades de la costa existía una corrupción endémica, las empresas públicas que habían sido canibalizadas por los políticos fueron rematadas en licitaciones poco transparentes que las dejaron con servicios caros y de baja calidad; en algunas de ellas, el recaudo fue entregado a concesionarios privados surgidos del crimen organizado. Era inaudito que el monopolio de la fiscalidad, que es la marca del Estado moderno, estuviera en manos privadas.

En 2014 la situación es distinta: Medellín es la ciudad donde se pagan los impuestos más altos ($2.3 millones por habitante), después de 3 administraciones que han hecho una labor juiciosa, impidiendo que la cleptocracia local se vuelva a tomar la alcaldía y las Empresas Públicas de Medellín; Barranquilla recuperó su recaudo que ha tenido un aumento espectacular en sus dos últimas administraciones ($1.8 millones de recaudo por habitante), superior al de Bogotá que recauda sólo $1.6 millones por ciudadano después de 2 alcaldías del Polo Democrático y una de Progresistas.

Las finanzas de Bogotá sufrieron un serio impacto con la contratación de obra pública en la administración Moreno, en la que se perdieron cerca de $6 billones que fueron a parar a los bolsillos de políticos y contratistas, ante la ceguera de los adalides de la izquierda, tan duros a la hora de enjuiciar al resto de la humanidad. El alcalde Petro llegó con su escoba a barrer la corrupción y obtuvo logros en disminuir las rentas de los contratistas del aseo, atender necesidades sociales (agua regalada y comedores) pero pocos en garantizar un buen servicio de transporte público o de infraestructura básica.

La falta de gerentes competentes (excepto en la ETB) que ha distinguido a la Alcaldía Mayor y el temor a la posible corrupción la llevaron a que ejecutara una fracción de cada presupuesto de los últimos 3 años; con todo, ha hecho toda la contratación a dedo y de manera chambona la reparación de las calles de la capital. Petro salió a decir que no ejecutaba porque estaba ahorrando para el metro, lo cual fue desmentido por la veedora distrital, quien le recordó que el endeudamiento externo contraído tenía como fin precisamente la inversión para la obra magna. Uno se pregunta si un alcalde que no es capaz de tapar un hueco pueda iniciar un proyecto de las dimensiones de un metro.

Es claro que Bogotá tiene un potencial tributario que ha sido socavado por la desconfianza de los ciudadanos en su administración. Una ejecución, que en 2014 pudo ser de sólo el 60% de los recursos disponibles, pone de presente que la incompetencia no es un buen precio a pagar contra la corrupción. Como lo expresan Jaime Bonet y Yuri Ariza, “el objetivo de los entes territoriales no es generar superávit sino garantizar la calidad de vida de los habitantes a través de una oportuna ejecución”. (Documento CEER No. 219).

Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com