El nuevo catastro

Un indicador de la debilidad del Estado colombiano es su desconocimiento y falta de control sobre la propiedad y los usos de la tierra.

La ausencia de un catastro completo y actualizado es causa del ancestral atraso rural y del conflicto armado. El catastro es una herramienta fundamental para que los municipios puedan cobrar impuestos prediales y con que financiar sus inversiones más importantes. La falta de control estatal del territorio facilita el avance del narcotráfico y de la minería ilegal, actividades que financian la guerra y el crimen.

Si el Estado conociera quién es dueño de qué, la tierra no sería utilizada para esconder la riqueza, a la espera de su valorización. Si además los propietarios pagan sus contribuciones, optarán por vender las tierras que no les esté rentando, abaratándolas y democratizando el acceso a la propiedad.

Desde hace tres años el gobierno trabaja en un nuevo catastro que en junio pasado fue aprobado en un Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). Allí se reconoce que el 28% del territorio no cuenta con reconocimiento catastral alguno y que el 70% de los predios están desactualizados. Se propone entonces adelantar un ambicioso catastro multipropósito, utilizando costosas herramientas tecnológicas que permitan ejecutar políticas públicas ambientales, de gestión de tierras, agropecuarias, de infraestructura y de ordenamiento, al mismo tiempo que se pretende una cobertura tanto rural como urbana.

Según un artículo de Daniel Paéz de Uniandes, publicado en el portal de Razón Publica, al intentar cumplir con tantos propósitos simultáneos, no se focaliza en el recaudo del impuesto predial que es la tarea más urgente y que podría contribuir a financiar los otros propósitos del catastro. Así mismo, el catastro rural es diferente al urbano y es mejor concentrarse en el primero, dejándo en manos de las ciudades que han sido exitosas en levantar sus propios catastros, como Medellín Y Bogotá, y no en el Instituto Agustín Codazzi (Igac) que no ha logrado elaborar buenos catastros urbanos. El Igac está adscrito al Dane, su presupuesto es precario y no cuenta con facultades para financiarse con sus operaciones.

Paéz aduce que se propone utilizar tecnología costosa que ha fracasado en otros países y que hay métodos sencillos y baratos que han probado ser exitosos en países como Ruanda, donde se elaboró en forma rápida y económica. Hay además un problema de continuismo con el Igac, que está anquilosado; debiera estar en capacidad de actualizar automáticamente los catastros. Por lo demás, el Igac no ha logrado combinar su propia información con la de la Superintendencia de Notariado y Registro y la de las lonjas inmobiliarias. Según Paéz, bajo el sistema actual se puede vender o permutar un predio sin que el IGAC se entere, pues la tenencia de la tierra y su seguridad legal se aseguran con el registro, que no con el catastro. Se requiere entonces adscribir el Igac al Ministerio de Hacienda y fortalecerlo.

El gobierno parece no contar con la voluntad política de hacer que los propietarios, en especial los que concentran más tierra, tributen lo que les corresponde para financiar el desarrollo de las veredas y municipios del país. Lo cierto es que una administración local que cuente con recursos propios suficientes estará en el camino del progreso y, más importante aún, de controlar su destino.

Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com