La debilidad del Estado

Un libro de Miguel Ángel Centeno traducido recientemente al español, Sangre y deuda, es especialmente relevante para entender las limitaciones históricas de la construcción de Estado en América Latina y más aún en Colombia.

Los países que surgieron del colapso del imperio español contaban con elites divididas regional y políticamente que no fueron unificadas por ninguna en especial. La liberación de España estuvo acompañada del colapso de la tributación, debilitando al Estado hasta que surgieron fuentes alternativas en las exportaciones y la aduana.

Sólo Chile y Paraguay tuvieron que luchar por medio de la guerra total contra enemigos externos, lo que los llevó a imponer la tributación sobre todos los ciudadanos, incluyendo a las elites, y a movilizar a toda la sociedad por medio de una organización estatal sólida. En el resto del continente, los ejércitos reclutaban a la fuerza a campesinos y pobres urbanos para participar en las guerras civiles, financiadas con deuda forzosa, que acababan pronto, dada la debilidad del Estado. Los ejércitos no fueron fábricas de ciudadanía ni alcanzaron a cumplir un papel importante en la provisión de educación o salud a los conscriptos. Los ricos no participaron en la oficialidad y sus hijos pudieron comprar la exención del servicio obligatorio. Por el contrario, en Europa y Estados Unidos las guerras fueron conducidas por elites unificadas que movilizaron todos los recursos disponibles, económicos y humanos, para alcanzar un comando sobre la mitad de la riqueza anual lo que les permitió democratizarse en las posguerras.

La división de las elites en Colombia se prolongó durante todo el siglo XIX y volvió a manifestarse en la violencia de los años 50 del siglo XX. La centralización conservadora después de 1886 no condujo a fortalecer al Estado (no recaudará más del 5% del PIB) ni a democratizar la sociedad. Al contrario, su empecinada persecución contra las elites liberales e incompetencia llevó a la separación de Panamá, perdiendo el más valioso territorio con que contaba. Sólo a partir del Frente Nacional (1958-1974) se elabora un compromiso de universalizar la educación, lo cual va a requerir un aumento de la tributación que alcanzará al 10% del PIB hacia 1980. Se planteó hacer una reforma agraria en los años 60 que nunca se consolidó. Ante la primera bonanza petrolera en los años 80 se eliminaron los impuestos a los dueños de empresas.

Las elites colombianas enfrentaron dos grandes desafíos en los años 90: el narcoterrorismo y el fortalecimiento de la insurgencia, a la vez que lograba desmovilizar algunos grupos guerrilleros. Requirió de un importante esfuerzo bélico que se financió con un aumento de impuestos para rondar el 15% del PIB, buena parte sustraído del consumo y no del excedente económico, aunque hubo un impuesto a la riqueza —¡temporal!—. No se recurrió a la conscripción universal sino a soldados profesionales. El resultado fue el debilitamiento de las Farc y del Eln.

Si se requieren recursos cuantiosos para el posconflicto, ya no existe la amenaza latente que obligó al fortalecimiento relativo del Estado. La reciente bonanza petrolera permitió otra descarga importante de tributos y con su fin las finanzas públicas están averiadas. No veo un Estado fuerte, basado en elites unificadas, que obligue a terratenientes y a empresarios a pagar los impuestos que financien la inclusión social.

Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com