La paz en los territorios

Las instituciones políticas colombianas han sido disfuncionales tanto para garantizar la paz entre el Estado, los partidos y las organizaciones sociales, como para impulsar el desarrollo económico del país.

Entramos al siglo XX en medio de una guerra civil extenuante, el conflicto partidista estalló nuevamente en los años 50 y poco después de ser arreglado de mala manera surgieron movimientos guerrilleros que tenían la percepción de que el sistema político estaba cerrado. La justicia no ayudaba a neutralizar esta idea y aunque mejoró con las reformas de 1991, hoy también está clientelizada, siendo deplorables su cobertura y su calidad.

El clientelismo y la asignación corrupta de los recursos públicos frenan el desarrollo económico nacional y de muchas regiones atrapadas en trampas de pobreza desde la colonia. No tenemos una buena infraestructura, aunque hemos pagado varias veces por ella. Es notoria la captura de las transferencias de la salud y la educación por mafias y grupos armados ilegales; se trata de un clientelismo armado.

Todos los países capitalistas reposan en alguna medida sobre el clientelismo y el financiamiento de las campañas por grupos de interés. Pero lo que hacen bien es blindar de la política las posiciones técnicas, diplomáticas, de la justicia, de la inversión pública y del banco central, lo que ha permitido transformar al Estado en una poderosa herramienta que avanza las fuerzas productivas.

Aquí se habla despectivamente de la mermelada para caracterizar los intercambios entre el Ejecutivo, los partidos y regiones, algo que es inherente a la política. El problema es que estas negociaciones se hacen de manera encubierta e individual y no de forma transparente y partidista. Los elegidos no asumen compromisos con sus electores, cuyo voto compran y es imposible removerlos, aun si delinquen. Uno de los problemas es que el Legislativo es débil y no tiene capacidad de negociar el presupuesto nacional como sucede en los parlamentos de los países democráticos, algo que se repite en los niveles departamental y municipal.

No obstante, la elección de alcaldes y la descentralización de parte del presupuesto y las regalías han fortalecido la política local, con gratos resultados en muchas de las ciudades y pueblos del país, incluso en los territorios, como lo menciona la Misión Rural. Un ingrediente fundamental es que se ha aumentado la capacidad tributaria local y esta ha permitido alguna autodeterminación municipal para decidir sobre sus inversiones. El debilitamiento de la parapolítica en muchas regiones ha devuelto los presupuestos a las administraciones locales, aunque otras siguen sometidas a las bacrim y otras mafias. Los departamentos, sin embargo, son entes atrofiados que requieren ser fortalecidos.

En los territorios hubo experiencias en el pasado, como la reforma agraria de los años 60, el programa de Desarrollo Rural Integrado y el Plan Nacional de Rehabilitación, que empoderaron las comunidades por fuera de las estructuras clientelistas. Esto podría replicarse si se actualiza el catastro y aumenta el recaudo del predial, el gobierno central provee bienes públicos y zafa al Ministerio de Agricultura y a las CAR de la politiquería.

Otros elementos como un mejor balance de poderes, un servicio civil nombrado por mérito y una reparación del sistema de justicia van a requerir de una reforma constitucional más adelante.

Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com