La tributación en el largo plazo

La estructura tributaria de Colombia se ha transformado profundamente a partir de 1970.

Los impuestos a las importaciones constituían en esa fecha un tercio del total, lo que era problemático: cada vez que caía el precio del café había una crisis fiscal. Se trataba de un régimen que podía ser modificado por decreto ejecutivo sin ser debatido por los representantes de los ciudadanos. Era además inequitativo porque los bienes de consumo y los alimentos eran castigados mucho más que la maquinaria y los bienes intermedios. Por último, ofrecía una protección muy elevada que permitía que los empresarios trabajaran con márgenes elevados de ganancia y se despreocuparan por exportar o modernizarse. El impuesto a las ventas en 1970 representaba sólo el 9 % del recaudo.

En el 2015, la participación de los impuestos externos se reduce al 17 % del total, manteniendo un fuerte arancel contra la importación de alimentos. Toman predominio los tributos a la actividad interna y se reduce la protección a la industria. El Congreso debe decidir cualquier cambio en la tributación y los ciudadanos conocen y sienten más el impacto de las políticas en esta materia. Al mismo tiempo, se aumenta el impuesto al valor agregado al 28 % en 2015. Los impuestos indirectos que incluyen el arancel e IVA externo, más el gravamen a los movimientos financieros (GMF), alcanzan el 51 % del recaudo total, lo cual dificulta la redistribución de la riqueza.

El impuesto a la renta recaudaba el 53 % del total en 1970, cuando existía la justa doble tributación, pero se reduce al 45 % en 2015, si se incluye el antitécnico CREE, que recae sobre las empresas. Si se le añade el impuesto al patrimonio, que es supuestamente temporal, los impuestos directos alcanzan el 49 % del total. Casi todo el impuesto de renta y al patrimonio recae sobre las empresas: sus dueños están exentos por los dividendos que reciban o sus acciones no tienen que incluirse en su declaración patrimonial.

En todos los países civilizados el impuesto a la renta recae fuertemente sobre las personas naturales, mientras que las empresas tributan con tasas más bajas. Esto es un buen incentivo para que reinviertan sus utilidades y no las distribuyan para ser empleadas en activos financieros, que también cuentan con unas deducciones muy elevadas en el caso colombiano, o ser mantenidas en paraísos fiscales. La supuesta doble tributación es el fundamento de la inequidad de la sociedad colombiana, pues es lo que impide que pueda existir cualquier redistribución del ingreso y limita el acceso del Estado al excedente económico.

Las empresas deben pagar pesadas contribuciones a la seguridad social, lo cual favorece el desempleo y la informalidad. A la desprotección arancelaria se sumó la enfermedad holandesa (que abarata las importaciones que compiten con la industria) y la tributación excesiva, además de contribuciones parafiscales, todo lo cual hizo que la industria fuera perdiendo participación en la generación de riqueza nacional entre 1970 (22 % del PIB) y 2015 (12 % del PIB).

El Estado colombiano depende menos de los impuestos a las importaciones que en el pasado, pero lo ha hecho recurriendo a impuestos indirectos sin gravar proporcionalmente a los propietarios del excedente económico. La reforma que se avecina es una buena ocasión para redistribuir las cargas en forma más equitativa y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo industrial del país.

Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com