Las finanzas y el fin del conflicto

La firma del cese al fuego bilateral definitivo toma al Gobierno en una situación financiera difícil.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo, revelado el 15 de junio pasado, informa que el déficit fiscal para 2016 sería de casi 4% del PIB, zafándose momentáneamente de la llamada regla fiscal que se impuso la primera administración Santos. Se trata de un compromiso de disciplina fiscal que pierde credibilidad si se rompe al poco tiempo de adoptarse.

Los mercados reaccionaron negativamente con la noticia y eso llevó a la liquidación de bonos del Gobierno colombiano por los inversionistas extranjeros, algo que también hacen los locales, y el peso se devaluó adicionalmente. Después se ha presentado una gran volatilidad en todo los mercados globales que se enfrentan a un escenario desconocido y peligroso como es el resquebrajamiento de la Comunidad Europea de Naciones. Es el primer gran triunfo de la derecha nacionalista y xenofóbica contra la arquitectura pacifista y solidaria que surgió de las ruinas y de la muerte de buena parte de las juventudes europeas que participaron en las dos guerras mundiales que explotaron en 1914 y 1939. La comunidad europea es el lado progresista de la globalización: reduce las barreras al libre flujo de mercancías, capitales y personas en un gran mercado regional, dotado de un enorme poder adquisitivo.

La ampliación del déficit fiscal en Colombia se debe a la práctica desaparición de la renta petrolera, pero también a una ampliación del gasto público que ha cobijado la captura de muchas entidades del Estado por los políticos y sus huestes de funcionarios procaces e incompetentes, según Luis Guillermo Vélez de Eafit. Eso aplica a la Superintendencia de Notariado (¡$1 billón!), a la Procuraduría ($159.000 millones) en particular, ente parasitario y contraproducente en manos de la ultraderecha, pero también a sin número de instituciones como la Auditoría Nacional más la Contaduría ($55.000 millones), la Defensoría del Pueblo (¡$453.000 millones!), las veedurías y las CAR ($71.000 millones) que se empacan de funcionarios bien pagos pero disfuncionales. La propia Presidencia ha venido creando una burocracia paralela costosa para ejecutar programas sociales que duplica las funciones de otros entes estatales, pero que cuenta con empleados mejor pagos.

El faltante fiscal es también consecuencia de la corrupción que pudo haberse tragado una parte sustancial de la renta petrolera, asociados a los extra costos de Reficar que representan dos puntos del PIB. Los costos adicionales a los presupuestados no han sido aclarados por los entes que deben investigarlos ni han provocado una sola renuncia de los involucrados, a diferencia de Petrobras, que provocó la caída de un Gobierno y el encarcelamiento de muchos políticos tocados por el escandalo. El faltante allá fue la mitad de lo que presuntamente se perdió en Colombia.

Lo que está haciendo el Gobierno es recortar la inversión porque el resto del presupuesto es inamovible, a pesar de la irracionalidad clientelista, lo cual compromete el futuro de la infraestructura y reduce la posibilidad de destinar recursos a las regiones más dañadas por el conflicto.

Falta ver con qué sale el Gobierno en su propuesta de reforma tributaria. Debe presentarla con urgencia para disipar las dudas que se extienden sobre su voluntad de obtener los recursos requeridos, pero sobre todo debe asegurar que salgan de los bolsillos que mejor puedan soportarlos.

Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com