Los problemas de la paz

Colombia ha sido distinguida sólo en dos ocasiones por la sociedad global: una por la gran obra de ficción de Gabriel García Márquez y la segunda por una obra de filigrana con la realidad del conflicto interno, llevándolo a su probable culminación, liderada por Juan Manuel Santos.

La derecha nacional ha rechazado ambas distinciones que han reconocido nuestros aportes a la cultura y a la civilidad, anteponiendo sus visiones excluyentes de la Colombia profunda, mestiza, indígena y negra, condenándonos a la guerra perpetua.

Para la senadora Cabal, el alma de Gabo yace en el último nivel del infierno; según Álvaro Uribe, su sucesor ha sucumbido frente al complot comunista internacional, que incluye a Noruega, al haber aceptado el carácter político de la insurgencia, alcanzando un acuerdo con ella para que cambie las balas por votos. Las líneas rojas que trazó la guerrilla son las mismas que delineó el Centro Democrático: salir de la guerra para entrar a la cárcel y no participar en política, o sea, que cambian las balas por nada. En Colombia es corriente que los paramilitares tengan representación política subrepticia, pero se quiere prohibir que los exguerrilleros trabajen para lograr una representación transparente. El acuerdo que terminaron por aceptar se quedó en los mínimos que dignamente podía aceptar la dirigencia de las Farc, algo que la derecha nunca va a reconocer.

La tributación va a continuar siendo el problema más contencioso entre la derecha y el resto de las fuerzas políticas del país. Lo cierto es que el Estado en Colombia nunca ha podido disciplinar a las élites para que contribuyan a su mantenimiento, de acuerdo con su capacidad económica. Durante la primera Presidencia de Uribe se logró aprobar un impuesto de guerra que salió de los patrimonios, exceptuando a los dueños de las empresas, pero fue de carácter temporal y acaba de expirar. Más adelante, la bonanza petrolera sirvió para sustituir impuestos que devolvió el mismo Uribe a las empresas del país. Con el colapso de la bonanza, esos impuestos son hoy requeridos para mantener funcionando al Estado, a lo que se oponen rotundamente los mismos que los regalaron.

En general, las sociedades movilizan todos sus recursos humanos y económicos para enfrentar sus guerras totales; es así como se multiplica el recaudo tributario, que en épocas de paz puede ser destinado al bienestar social, sobre todo al de los soldados sobrevivientes y al de la población civil afectada. En Colombia eso no aplica: el conflicto interno fue limitado, se movilizaron soldados profesionales, en vez de recurrir a la conscripción universal, mientras que los impuestos siguieron sin tocar a los más ricos y el esfuerzo adicional que hubo que hacer fue temporal. Hoy, con la paz que se avecina, si lo permiten los violentos, va a ser políticamente más difícil recaudar un mayor nivel de impuestos.

Eso ha sido evidente en la ponencia acordada entre el Gobierno y las distintas fuerzas políticas en el Congreso sobre la reforma tributaria: el Gobierno se resignó a recaudar la mitad de lo que requiere, se diluyó el impuesto a los dividendos, se eliminó el impuesto al azúcar, con el que la industria torna adicta a la población y la enferma, y se incrementaron los impuestos indirectos, que son los más injustos, reforzando así la desigualdad en la sociedad colombiana. Ese es precisamente el programa económico del Centro Democrático.

Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com