México y Colombia

México y Colombia han sido muy vulneradas por el narcotráfico. Los homicidios aumentaron de manera exponencial en Colombia, alcanzando 80 por 100.000 habitantes en 1994, cuando la guerra entre carteles y el Estado alcanzó su zenit, para disminuir a 24 en 2017, después de varios años en que el grueso del negocio del narcotráfico se trasladó a México, sobre todo a sus regiones norteñas y a ciudades como Acapulco, Tamaulipas y Morelos. En Colombia, el índice cayó más durante Santos (64 %) que con Uribe (57 %). El índice mexicano es hoy inferior al colombiano, con 20,5 homicidios por 100.000 habitantes, pero está en ascenso. En sociedades en que el Estado ejerce el monopolio legítimo sobre los medios de violencia, este índice no pasa de cinco homicidios por 100.000 habitantes.

Una de las diferencias fundamentales entre los dos países ha sido el conflicto interno en Colombia, que conduce a que la sociedad acepte la violencia y se habitúe a ella, al tiempo que se multiplica el número de armas en poder de amplios grupos sociales, contribuyendo a disparar los homicidios; aparecen además otros crímenes graves, como el secuestro y la extorsión. En el año 2000, en Colombia se registraron 3.570 secuestros, número que se vino abajo con el avance de la fuerza pública sobre el territorio y con el proceso de negociación con las Farc, para obtener 193 secuestros en el 2017. En México, el secuestro aumenta considerablemente para obtener 1.750 casos reportados en 2017.

La derecha uribista se niega a reconocer estos grandes logros en materia criminal que trajo la baja de la intensidad del conflicto en el país, gracias en parte al proceso de paz, y pretende encender nuevamente el odio y el miedo para ver si logra que las Farc vuelvan a la guerra.

El problema de fondo en ambas sociedades ha sido el desarrollo del crimen organizado en los espacios que deja libre la debilidad de sus Estados. Esta debilidad no es sólo económica sino también de recursos humanos especializados en combatir el crimen organizado y sobre todo sus finanzas. Los carteles colombianos eran altamente visibles y concentrados y pudieron ser combatidos exitosamente por medio de asistencia técnica, cambios institucionales y más presupuesto para las labores de interdicción y represión.

Al apretar el negocio en Colombia, este se trasladó y se amplió a México. Estados Unidos continúa generando una enorme demanda por drogas como la cocaína, la heroína y más recientemente por anfetaminas y opioides de la industria farmacéutica. El tamaño del mercado de la cocaína se ha multiplicado varias veces en manos de los organizaciones mexicanas, las que se han diversificado hacia otros negocios lucrativos, como la trata de personas y la inmigración ilegal. En Estados Unidos no faltan bandas criminales que hacen la distribución interna.

El Estado mexicano ha utilizado al ejército en su lucha contra los carteles, algo que ha probado ser vistoso pero ineficaz. Le hace falta inteligencia anticriminal que surge de los aparatos judiciales y policiales especializados, algo en lo que sí avanzó Colombia desde la guerra del terror de Pablo Escobar.

Después de los grandes triunfos obtenidos en el pasado por el Estado colombiano, estos aparatos se han adormecido, la justicia ha sido debilitada por la corrupción y no se han podido encarar los nuevos desafíos de las bandas criminales que organizan el narcotráfico, además de nuevos negocios de extorsión y de trata de personas.

Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com