Negación de justicia

El proceso de Justicia y Paz de la administración Uribe fue un desastre. Un editorial del New York Times lo describió como un manto de “impunidad para asesinos de masas, terroristas y traficantes de cocaína”. Sin embargo, la ley fue endurecida después por disposición de la Corte Constitucional: si había confesión, los acusados recibirían condenas de hasta ocho años de prisión.

13 dirigentes de las Autodefensas Unidad de Colombia, los mayores perpetradores de crímenes de lesa humanidad en los territorios donde operaban, fueron extraditados a Estados Unidos y juzgados sólo por narcotráfico. Según una detallada crónica del New York Times*, los paramilitares que entregaron rutas y la mayor parte de su tesoro al tío Sam fueron condenados a penas de siete y medio años en promedio. A su salida por estos días, el gobierno les brinda residencia en EE. UU., bajo el pretexto de que sus vidas corren peligro si vuelven a Colombia. Impiden así que sean juzgados por genocidio, desaparición forzosa, crímenes sexuales y tortura, a pesar de que la administración Uribe les había quitado los privilegios otorgados por la ley de Justicia y Paz al estar delinquiendo desde las cárceles.

Por ejemplo, Salvatore Mancuso no pagará más de 12 años en prisión, a pesar de que exportó miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos y en Colombia cuenta con al menos 1.000 víctimas. Un vendedor de crack (bazuco) en las calles de una ciudad de Estados Unidos recibe una pena de la misma duración. La gran excepción fue Don Berna, a quien un juez de Nueva York no le aprobó el arreglo con la Fiscalía y fue condenado a 31 años de prisión. El último de los reos que espera condena es Hernán Giraldo Serna, acusado de 4.000 muertes y de 1.800 violaciones serias de derechos humanos, quien cobraba además el feudal “derecho de pernada” a todas las niñas de las regiones que controlaba.

Julio Henríquez, un reinsertado del M-19 que trabajaba en protección ambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta, fue desaparecido por el grupo paramilitar que comandaba Giraldo en 2001. Los familiares de Henríquez han emprendido una odisea para lograr ser oídos en el juicio que se le sigue y sus delitos de lesa humanidad sean considerados por el juez, lo que parece que va a suceder por primera vez.

Según la periodista Deborah Sontag, autora de la crónica, cuando la Corte Constitucional introdujo cambios a la ley de Justicia y Paz para exigir que dijeran la verdad sobre sus crímenes, las cortes donde se juzgaban los máximos jefes de las AUC comenzaron a recibir confesiones que enlodaban a la coalición del presidente en el Congreso y a algunos de sus familiares, lo cual precipitó la decisión de extraditarlos. El presidente Uribe lo hizo muy rápidamente, saltándose a la Corte Suprema de Justicia por temor a que la obstaculizara. Toda la evidencia que habían acumulado los jefes paramilitares en sus computadores para obtener rebajas de penas fue desaparecida por el gobierno. Más adelante vinieron las chuzadas y los intentos de socavar la credibilidad de la Corte.

A pesar de haberse desmovilizado en 2006, la estructura militar del clan Giraldo se mantiene en una amplia región que comienza en Santa Marta y alcanza a buena parte de la región Caribe. Continúa extorsionando a cambio de protección y está estrechamente insertada en las comunidades que controla.

*http://nyti.ms/2cNEwl6

Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com