Representación sin tributación

Un trabajo de Alejandra Irigoin sobre la historia fiscal de América Latina lleva el preciso título con que encabezo la columna, complementado con la frase “tributación sin consentimiento”.

El legado colonial de pesados impuestos indirectos, que fueran radicalmente disminuidos después de la independencia, fue seguido por una representación imprecisa de sujetos y territorios, limitada por exigencias de propiedad o alfabetismo para ejercer el sufragio. Los gobiernos contaban con escasa capacidad fiscal que impidió que entregaran bienes públicos y que distribuyeran de manera equitativa los costos y beneficios de la independencia.

Los gobiernos liberales introdujeron un impuesto a la propiedad que fracasó rotundamente. Sin acceso al excedente económico en manos de comerciantes y terratenientes, el Estado no tuvo capacidad para educar a la población ni prestarle servicios de salud que siguieron dependiendo de la caridad y de la Iglesia Católica. Estallaron frecuentes guerras civiles entre liberales y conservadores que se financiaron con expropiaciones, préstamos forzosos e inflación galopante y no con impuestos.

El desarrollo económico propiciado por las exportaciones permitió fortalecer al Estado, pero este siguió financiándose con el arancel a las importaciones que no requería de consentimiento para imponerse. La Gran Depresión de 1929 obligó a introducir fuentes alternativas de tributación: un pequeño impuesto a la renta y crecientes gravámenes al consumo.

La representación de los propietarios de la tierra, el comercio y la banca, finalmente de los industriales, no estaba condicionada a la tributación. Por el contrario, a mayor poder político local o nacional menos se tributaba. Ni la tierra ni el ganado han tributado en Colombia, con la excepción de un impuesto al degüello que tuvieron que pagar los consumidores. Y no solo no tributan, sino que se quedan con buena parte del gasto público al día de hoy.

Los asalariados, las capas medias y los consumidores en general debían cargar con la mayor parte de los impuestos. Se invertía así la consigna de la independencia de las colonias británicas: no hay tributación sin representación. Allí, los impuestos a la propiedad eran de los municipios con los que financiaron el primer sistema educativo universal (en el norte no esclavista) y de gran calidad en el mundo.

En Colombia, la representación surgida de un sistema que financia a los políticos por medio de contribuciones de contratistas, comerciantes, banqueros y propietarios de tierras, los seguirá eximiendo de obligaciones tributarias que se concentrarán en impuestos al consumo y contra las empresas industriales. Estas han llevado la peor parte en las contribuciones a la seguridad social y en el impuesto a la renta. El resultado es el Estado raquítico que entrega bienes públicos (educación, infraestructura y salud) insuficientes y de mala calidad que explican la baja productividad de la economía.

La lotería de las materias primas permitió un aumento considerable de los ingresos públicos entre 2003 y 2014, lo que fuera aprovechado por las dos administraciones Uribe y Santos I para reducir la carga tributaria de los ricos. Es por eso que la disminución de la renta petrolera conduce a un profundo déficit fiscal y nuevamente a la necesidad de que los que más tienen paguen más impuestos. ¿Lo permitirá la representación política que siempre ha impedido que tributen lo justo?

Salomón Kalmanovitz | Elespectador.com