Un momento crítico para la paz en Colombia
Uno de los momentos más críticos de la aplicación de los Acuerdos de Paz se ha vivido en la última semana, luego que el presidente de la República, Iván Duque, objetara seis artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), a pesar de las múltiples voces, entre ellas las de la oposición, que recalcaron sobre los efectos negativos que ello podría traer al cumplimiento de lo pactado entre el Estado y las Farc.
Una de esas voces es Salomón Kalmanovitz, profesor emérito de Utadeo, quien, a través de su columna de opinión semanal en El Espectador, señala que a pesar de que el grupo guerrillero cumplió con su compromiso de abandonar las armas, el Estado ha dado muestras evidentes de desconocer lo pactado en La Habana: “Lo ha hecho resquebrajando el orden institucional, al no sancionar la ley que debe regular la Justicia Especial para la Paz”, indica.
Frente a ello, el columnista resalta que no ha sido la primera vez que el uribismo ha pasado por encima de la institucionalidad y la Constitución, pues desde el momento en el que la Corte Constitucional invalidó la pretensión de Álvaro Uribe de hacerse reelegir por un tercer periodo, esta bancada buscó la manera de volver al poder, poniendo en riesgo los principios del orden institucional, como lo son la separación de poderes, la igualdad, la alternancia democrática y el sistema de pesos y contrapesos
“Al mismo tiempo que el presidente desobedecía la sentencia de la Corte Constitucional sobre la JEP, aduciendo problemas de inconveniencia, el Centro Democrático y su cerebro Álvaro Uribe linchaban mediáticamente a las Farc en el Congreso y en las redes sociales. Uribe hacía equivaler los términos JEP y Farc para que no hubiera confusiones, como si sus jueces fueran simpatizantes de la guerrilla. Días antes, el fiscal general le había montado un soborno a un funcionario de la JEP que fue convenientemente filmado para manchar la reputación de la institución”, argumenta Kalmanovitz.
El tadeísta señala que estas acciones son irresponsables y peligrosas, aún cuando se trate de callar lo que se está haciendo, utilizando expresiones como “cuestionar” en lugar de “desconocer”, o acusando a organismos internacionales de injerencia indebida en los asuntos internos del país ante la presión ejercida para que la Ley estatutaria fuera sancionada sin dilación.
