El Observatorio de Construcción de Paz tuvo la oportunidad de hablar con Cecilia Barraza Morelle, directora de la Corporación Humanas Colombia, sobre la violencia y la construcción de paz desde un enfoque de género.
Observatorio de Construcción de Paz: ¿Puede darnos una presentación muy general de Humanas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿De dónde nació la organización?
Cecilia Barraza: Humanas es un centro regional de Derechos Humanos y justicia de género, es una organización cuya misión es garantizar los derechos humanos de las mujeres, en particular en los temas que tienen que ver con el acceso a la justicia para los problemas que ellas enfrentan. Humanas nació en el año 2005, tiene sedes en Chile, Ecuador y Colombia. Los objetivos que desarrollamos en Colombia tienen que ver con el cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, y los principios que podríamos decir que hacen parte del enfoque feminista que tiene humanas para trabajar en torno a reconocer que existe una discriminación que afecta a las mujeres, que hay una desigualdad en relaciones de poder entre hombres y mujeres.
Consideramos que tiene que haber una transformación social a través de normas y de políticas públicas, pero también que es necesario cambiar los originarios culturales para transformar esas realidades que hasta el momento discriminan a las mujeres. Humanas es fundamentalmente un centro de estudios y de investigación, por lo cual desarrollamos una serie de trabajos que pueden ser clasificados como investigación aplicada en la medida en que buscamos que en sus resultados tengan un componente importante de recomendaciones, fundamentalmente hacia las entidades del Estado, para trasformar esas realidades que estamos observando que afectan de alguna manera particular a las mujeres.
Al respecto, tenemos una línea sobre el tema de violencia contra las mujeres, la cual se trabaja tanto en el marco de la justicia ordinaria como en el de los procesos de justicia transicional en Colombia. En el marco de esas investigaciones, nos interesa particularmente el tema de la violencia sexual; y en el contexto del conflicto armado, fundamentalmente hemos trabajado para poder mostrar cuál ha sido el efecto de la violencia de los actores armados, particularmente de la violencia sexual, sobre las mujeres, con el fin de demostrar que esa violencia ha sido sistemática o generalizada.
Otra línea que tenemos apunta al tema de justicia ordinaria y tiene tres componentes básicos: los efectos del sistema penal acusatorio, un componente de asesoría técnica y la conformación de una red de juezas y fiscales para que trabajen el tema de perspectiva de género. El primero busca evaluar la forma en que la justicia responde frente a la violencia contra las mujeres, para lo cual tenemos un observatorio que analiza las sentencias judiciales y la jurisprudencia que al respecto. La asesoría técnica y la red, que están dirigidas principalmente hacia la Comisión Nacional de Género y la Fiscalía General de la Nación, buscan generar una serie de procesos que permitan el fortalecimiento de las capacidades instaladas en estas instituciones para aplicar el enfoque de género. Por ejemplo, se diseñan guías y documentos para la aplicación de las perspectivas de género al interior de la judicatura.
Una segunda área que trabaja Humanas es la que tiene que ver con la transformación de la cultura, y que se traduce específicamente en el observatorio de medios. Éste da cuenta del tratamiento que los medios de comunicación dan a las problemáticas particulares de las mujeres, haciendo un seguimiento en varias ciudades del país. Un tercer elemento tiene que ver con la construcción de paz y allí encaja lo que se conoce como la página “Paz con Mujeres”[1] y también todo el trabajo que estamos haciendo hoy día en torno a la sentencia T-025 de 2004 y la implementación de la misma en el país.
OCP: ¿En esos proyectos que actualmente están desarrollando con qué otro tipo de organizaciones establecen vínculos para las investigaciones o para el trabajo de campo?
CB: Fundamentalmente, nosotros somos un centro de investigación que no cuenta con una “base propia” que reemplace al movimiento mujeres ni nada. Cuando necesitamos aliados en las regiones, tenemos particularmente un grupo de organizaciones con las que funcionamos bajo una lógica de pares. No es que trabajen para nosotros, sino que hacemos un plan de trabajo conjunto para desarrollar algunos componentes de investigaciones que estamos realizando en la zona.
OCP: ¿Cuáles son esas regiones de Colombia en las que ustedes trabajan principalmente?
CB: Nosotros trabajamos diversas regiones, pero voy a señalar las que tienen mayor importancia según los temas que estamos desarrollando. En el marco de todo lo que tiene que ver con migraciones, que es un tema que trabajamos bastante, estamos en Cali, Pereira y Bogotá; en lo que tiene que ver con construcción de paz, trabajamos en toda la Costa Atlántica; en lo referente a violencia sexual en el contexto del conflicto armado, trabajamos básicamente con datos de todo el país, pero con énfasis en Norte de Santander y la Sierra Nevada; y en lo que tiene que ver con acceso a justicia ordinaria, las investigaciones también han sido nacionales, pero han presentado una mayor visibilización de las zonas de Pasto, Medellín, Cartagena, Bogotá y Cali.
OCP: ¿Podría explicarnos el proyecto del tribunal simbólico que van a realizar en septiembre de este año?
CB: En el marco de un proyecto que es mucho más amplio, el tribunal es un proyecto que quiere mostrar lo que es el aporte de las mujeres a la agenda de construcción de paz. En septiembre de este año se está organizado un tribunal simbólico sobre la violencia sexual, que busca fundamentalmente visibilizar la afectación de la violación sexual en el marco del conflicto en Colombia, y que pretende sensibilizar a la sociedad en general frente a una problemática en particular e incidir en los tomadores de decisión que pueden actuar en este momento sobre las causas de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado.
Lo que se pretende desarrollar es una experiencia en la cual se van a sistematizar algunos casos de violencia que han sido considerados emblemáticos en Colombia. Aunque no necesariamente las víctimas van a estar ahí, estos casos se van a mostrar en el tribunal y va a haber un jurado que va a sacar un pronunciamiento sobre las características de la violencia en Colombia, haciendo un llamado a que las autoridades busquen el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de estos casos.
OCP: ¿Cómo ven desde Humanas en general, y usted en particular, que la violencia haya afectado de manera diferente a las mujeres en Colombia? ¿Cómo se evidencia que la violencia ha tenido una estructura de género aquí en el país.
CB: Básicamente no es una cosa que esté dada específicamente para Colombia. En general, en los problemas que afectan a las sociedades, uno puede ver el efecto diferenciado tanto en las mujeres como en otras poblaciones particulares. En el caso colombiano, creo que aproximadamente desde la década de los ochenta se empezaron a hacer trabajos que muestran el efecto diferenciado del conflicto. En el tema del desplazamiento, por ejemplo, se ha mostrado que afecta en mayor medida a las mujeres y les plantea problemáticas de otro tipo. Por ejemplo en el tema de cambio de roles: en una población campesina, donde el trabajo agrícola está en manos de los hombres y el de la huerta en manos de mujeres, al tener que emigrar a la ciudad se produce un cambio de roles en el sentido que el hombre no encuentra trabajo y es la mujer quien empieza a salir a trabajar y se enfrenta de diversas formas al mundo público.
Otro aspecto en donde el efecto diferencial se ha documentado con bastante precisión tiene que ver con la violencia que se enfrenta en el contexto del conflicto. Lo que se ha podido establecer, tanto por acción de paramilitares como de la guerrilla, es que la violencia sexual ha sido utilizada como una de las estrategias de guerra para ganar y mantener territorios y para controlar a las comunidades.
La violencia sexual ha tenido diversas prácticas: esclavitud sexual, violación, ultraje, desnudos forzados, abortos forzados. Por ejemplo, está documentado que en las filas de la guerrilla el aborto forzado es una práctica común; en el caso de los paramilitares, se ha podido evidenciar cómo las prácticas de violación sexual han sido utilizadas para someter al enemigo, para mantener unas zonas bajo control y son parte incluso de los cánticos de entrenamiento, instigando a violar guerrilleras cuando lleguen a ocupar una zona y ordenando asesinar a los hombres y violar a las mujeres antes de matarlas.
OCP: Aparte de la violencia del desplazamiento o la violencia sexual en el marco del conflicto, ¿qué otras formas de violencia ven ustedes que se manifiestan en contra de las mujeres?
CB: Lo que pasa es que hay unos problemas que tienen que ver con la situación que vive el mundo en general, que existen antes del conflicto armado, pero que pueden agudizarse con el mismo. Por ejemplo, hay distintas formas de discriminación que afectan a las mujeres en distintos espacios, que pueden haberse superado un poquito pero que aún no lo han sido del todo. La violencia intrafamiliar, por su parte, sigue afectando más a las mujeres que a los hombres, pues en el 82% de los casos las víctimas son mujeres.
En el caso de la violencia sexual en contexto de no conflicto, las mujeres también siguen ocupando las tasas más altas y la población de niñas entre cinco y diez años siguen siendo las más afectada. Si tu miras otros aspectos en donde también existe muchísima discriminación, y que en Colombia es evidente, es en la participación política. En los cargos de elección popular, si se miran las elecciones de Congreso el año pasado, y se comparan con el anterior Congreso 2006, se observa que las diferencias no superan el 14% o 16% por ciento representación de mujeres en los cargos de elección; asimismo, solamente hay un 7% de mujeres alcaldesas y hay una sola gobernadora. Son cifras que muestran que en temas de participación política hay mucha discriminación.
Otro tema que también es bastante preocupante en Colombia es la mortalidad materna: si bien el promedio de las tasas de mortalidad materna en Colombia muestran un país de desarrollo medio, si se miran las tasas de discriminación en departamentos como Chocó, Guainía, Putumayo o la Amazonía, se observa que las tasas son similares a las que podrían tener República Democrática del Congo o Haití. Es decir, lo que hay que entender para poder comprender el fenómeno de la discriminación contra las mujeres es que si bien todas las mujeres podemos sufrir situaciones de discriminación en esta sociedad en el año 2011, hay algunos grupos de mujeres que son de mayor riesgo como podrían ser las afro-colombianas, las indígenas, las mujeres más pobres, las mujeres lesbianas, travestis y bisexuales.
Ciertamente, no es lo mismo ser mujer clase media urbana que ser mujer pobre rural, eso marca una diferencia, aunque eso no significa que la mujer clase alta, estrato 8, no pueda ser víctima de violencia doméstica como lo pueda ser la mujer campesina.
Si se revisan las tasas de educación, aunque hombres y mujeres están al mismo nivel, e incluso las mujeres pasan en acceso, si se miran el tipo de razones por las cuales las mujeres salen de la educación, son distintas a las de los hombres: las mujeres dejan el sistema escolar por embarazos y los hombres por trabajo, lo que muestra justamente un problema de discriminación. Si se evalúa a qué carreras entran las mujeres y a cuáles entran los hombres, también las diferencias están supremamente marcadas.
Esta es una sociedad que discrimina. Cuando se mira la prensa, por ejemplo, se ve que el trato para las mujeres no es el mismo que el de los hombres, y un caso claro es el de Ingrid Betancur. Ella estuvo secuestrada seis años, al igual que otros políticos, pero a ella la responsabilizan del secuestro. ¿Quién es la escandalosa que pide indemnización por el secuestro? Pues Ingrid Betancur; pero cuando los otros congresistas piden indemnización, sin que estén claras tampoco las condiciones en fueron secuestrados, eso no es grave. Hay una carga más fuerte sobre las mujeres. Está también el caso de Piedad Córdoba, donde lo que está criticándose no es sólo que no le guste al gobierno o que tenga cierta postura, sino que están presentes adjetivos como “negra” y “vieja”, que son absolutamente discriminadores para juzgar.
OCP: Usted mencionaba que estas problemáticas son muy generales, ¿pero qué particularidades ven ustedes que hay en Colombia que no se manifiestan por ejemplo en Chile o en Ecuador que son otros lugares en donde Humanas tiene actividad investigativa?
CB: Bueno, indudablemente el hecho de que en Colombia haya un conflicto armado que no esté resuelto sí marca un tono distinto. Lo que yo sí creo que pasa aquí, que es lo más grave, es que no ha existido un reconocimiento social de que esa violencia sexual existe; la lectura que hay es que esos hechos son aislados o que no responden a una política del grupo guerrillero o del grupo paramilitar. Lo que más nos cuesta desmontar es ese discurso de que solamente hay una responsabilidad individual que pasa por un asunto de lo privado, cuando en realidad ha sido algo público, una política de accionar. Cuando uno ha conocido experiencias como las de Yugoslavia, Ruanda o la República Democrática del Congo, donde las cifras de violencia son abismales, aquí pareciera que no tiene ninguna importancia, pero por supuesto que la tiene.
El otro problema que ha ocurrido en Colombia es que, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, no ha sido posible llevar casos en donde se le imputen cargos de violencia sexual a los principales paramilitares, de tal forma que no hemos tenido aún ningún precedente de verdad de justicia y de reparación para las mujeres víctimas. El otro problema que creo que es significativamente importante es que los esfuerzos que puedan hacer los gobiernos en materia de política pública para la mujer no están articulados a una política nacional que tenga en cuenta el problema.
Entonces se hacen iniciativas pequeñitas de cuatro proyectos productivos para las mujeres, de tres talleres, etc., pero esta problemática no está haciendo parte de la lectura general de la política pública. Por ejemplo, la política laboral: las mujeres están mucho más en la informalidad que los hombres, pero no es claro cómo esa política pública que se está diseñando para enfrentar el problema del desempleo en el país tiene en cuenta esas particularidades de las mujeres.
Otro tema en el que Colombia no ha se avanzado nada es el tema de la paridad: aquí todavía se habla de cuotas, cuando éstas deben ser un mecanismo y no un fin; el fin es la paridad, que hayan las mismas relaciones entre hombres y mujeres y eso pasa básicamente por políticas que busquen conciliar la vida doméstica con la vida pública. Mientras las mujeres sigan a cargo cien por ciento de lo que pasa al interior de la vida familiar, y los hombres se queden en palabras como “colaborar”, “ayudar”, etc., esa situación de desigualdad no se va a superar. Se necesita trabajar en políticas que hagan mayor conciencia en el deber responsable de los hombres de estar a cargo de los hijos y la familia y no como un asunto de colaboración de buena voluntad.
OCP: ¿Cómo ve la construcción de paz en Colombia entorno a todos estos temas que usted ha tratado de violencia de género?
CB: Creo que allí hay muchos desafíos. Este país tiene que creer que es importante avanzar en la paz. Hasta el momento hemos visto aspectos de tipo discursivo, pero no hay una estrategia de construcción de paz. De llegar a haberla, el mayor desafío es que en esa política quede claro que hay aspectos diferenciados de la construcción de la paz y que la superación de la violencia también es una oportunidad para construir relaciones de mayor equidad e igualdad, no solamente entre hombres y mujeres, sino también con los grupos excluidos como los afro, los indígenas, etc. Fundamentalmente, la construcción de paz es llegar a un nuevo pacto social que debe ser más incluyente con los que tradicionalmente han estado fuera de los procesos de tomas de decisiones del Estado.
Una apuesta por la paz es fundamentalmente una apuesta de mayor inclusión social. Esto no quiere decir que no puede haber paz sin inclusión social, pues podemos llegar al proceso de paz, de negociación, y acabar el conflicto. Pero si queremos construir una Colombia distinta se requiere incluir a las mujeres, porque la participación de las mujeres es un asunto de calidad de la democracia: no es posible que en una sociedad sólo el 15% esté representado por mujeres, cuando las mujeres son el 52% de la población.
La política de paz no puede dejar de tener en cuenta los aspectos de violencia privada, a la vez que debe garantizar la verdad, justicia y reparación para las víctimas directas del conflicto. Hay que entender que en la medida en que en esa política de paz se avance en esos procesos, se reconozca esa violencia, se construyen garantías de no repetición para que a futuro no haya más víctimas de una violencia que está cimentada en prácticas culturales que es necesario desmontar. Por eso para nosotras el proceso de construcción de paz aún está pendiente, pero lo que sí tenemos claro es que en ese proceso no basta con incluir a las mujeres en los diálogos, sino que se trata de pensar que es una oportunidad para cambiar la discriminación y exclusión que afecta las mujeres.
OCP: En el Observatorio veíamos que en muchos países que han atravesado por conflictos armados de diferente tipo las organizaciones de mujeres han tenido ciertas fortalezas que han ayudado mucho a los procesos posconflicto, por ejemplo en temas de economía alternativa o de solución pacifica de los conflictos. ¿Qué fortalezas ven ustedes que hay en esas organizaciones en Colombia y que pueden contribuir precisamente a que la paz se vuelva una apuesta seria en el país?
CB: Yo creo que durante estos años gran parte de la reconstrucción del tejido social en Colombia ha sido realizado por las organizaciones de la sociedad civil y particularmente por las mujeres. Efectivamente, hay importantes experiencias de las cuales se puede aprender y las mujeres van seguir colaborando en ellas, pero yo creo que en ese tema, y también por la experiencia de otros países en conflicto, en Colombia hay que separar muy bien las responsabilidades del Estado y de la sociedad civil.
Lo que hemos visto en estos últimos años en Colombia es que en todos los procesos de cambio que se han iniciado, la sociedad civil no sólo ha llevado las demandas sino que les ha tocado sacarlas adelante y eso me parece que es irresponsable por parte del Estado. Es necesario distinguir muy bien la responsabilidad del Estado y el rol de acompañamiento, incidencia y veeduría de la sociedad civil, sin querer decir que ésta no deba participar en todos esos procesos de construcción de paz.