Reforma agraria: una deuda para saldar con el sector rural. Jose Antonio Ocampo

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Reforma agraria: una deuda para saldar con el sector rural. Jose Antonio Ocampo
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Jueves, Julio 2, 2015
Desarrollo y paz
La formalización de la propiedad y el acceso a educación y salud que se adapten a las condiciones sociales de los campesinos son algunas de las propuestas realizadas por Ocampo.
Foto tomada por: Emanuel Enciso - Oficina de Comunicación.

La posesión de grandes extensiones de tierra por parte de terratenientes, así como la concentración del suelo en manos de pocas familias y la informalidad de la propiedad, son situaciones que se presentan hoy día a nivel rural en Colombia. Sumado a ello, los grupos armados ilegales han forzado a cientos de campesinos a abandonar sus tierras en una suerte de expropiación; fenómeno caracterizado por el derramamiento de sangre, la violencia y el narcotráfico. En ese sentido, uno de los cuestionamientos políticos y académicos más importantes de esta coyuntura de negociación de la paz y el posconflicto es cómo lograr erradicar la alta concentración e informalidad de la propiedad, al tiempo que se construya una conciencia nacional sobre el buen uso de los suelos y la protección al medio ambiente.

La anterior problemática fue abordada por el ex Ministro de Agricultura y Director de Misión Rural José Antonio Ocampo, quien en su conferencia titulada “Saldar la deuda histórica con el campo: política de inclusión social y productiva” presentó el marco estratégico propuesto por el grupo de observación al Gobierno Nacional en materia de transformación del campo. Al respecto, el sociólogo y economista colombiano indicó que la política pública proyectada en los escenarios del posconflicto se basa en tres pilares o ideas fuerza. En primer lugar, fomentar un enfoque territorial participativo en el cual los campesinos puedan ser protagonistas y coautores de su propio desarrollo. En segundo lugar, se debe contemplar el desarrollo como un  proceso integral que abarca lo social y productivo de los habitantes rurales, y por último, el papel del Estado como garante de la provisión adecuada de bienes públicos que favorezcan el desarrollo agropecuario.

De acuerdo con Ocampo, los hallazgos encontrados por la Misión Rural indican que en la actualidad los pequeños productores poseen proporciones insignificantes de suelo para el desarrollo agropecuario sostenible. Por su parte, la desigualdad en el desarrollo de lo rural frente a la ciudad cada día se hace más notorio, provocando con ello las migraciones masivas y el desplazamiento forzoso de los campesinos a las cabeceras urbanas. En este punto, el experto enfatizó que si bien las políticas públicas de inclusión social en materia de educación y salud han tenido resultados favorables, esta misma situación no ocurre con la inclusión productiva, especialmente lo que tiene que ver con las alternativas de desarrollo para el campo.

Una brecha entre lo rural y lo urbano cada vez más amplia

Tal como lo indican los últimos estudios realizados por la Dirección de Planeación Nacional, aunque la pobreza se ha reducido en las ciudades y las cabeceras municipales, todo lo contrario ocurre en el campo, a tal punto que los últimos 25 años han marcado un retroceso para la industria agrícola del país. Como lo comenta Ocampo “la población campesina es más pobre que en las cabeceras, incluso en los municipios rurales”. A esa situación se suma el hecho que si bien el acceso a la educación y la salud ha aumentado, aún se presentan graves problemas en la prestación del servicio en las zonas rurales, en particular aquellas poblaciones dispersas. Por otro lado, las condiciones del sistema de protección social en el campo son precarias, en la medida que el acceso a las pensiones y a las cajas de compensación es casi inexistente, en gran parte causado por la informalidad del trabajo de los labriegos, quienes en su mayoría no cuentan con un sueldo y contrato laboral fijo.

Ante tal situaciòn, Ocampo plantea la necesidad de gestionar unas políticas diferenciadores que hagan énfasis en la inclusión productiva, en lo que concierne al acceso a los activos productivos, créditos y sistemas de financiación, asistencia técnica, y ante todo, la asociatividad entre los pequeños productores, que en últimas conduzca a generar mecanismos de cooperación y organización en pro del desarrollo del campo, en materia de redes de comercialización y procesamiento.

Ir más allá de la agricultura

Las políticas de descentralización ejercidas por el gobierno hasta el momento han funcionado en materia de inversión en salud y educación, pero han fallado en la construcción de vías terciarias, asistencia técnica al campesinado y las viviendas de interés social, generando con ello un desmantelamiento de la institucionalidad, en el que incluso algunas comunidades han conformado sus sistemas de asociatividad por fuera del Estado. De igual forma, se han distribuido inadecuadamente los subsidios directos para el sector rural, causando un deterioro notable de los presupuestos destinados para el desarrollo del campesino y de sus tierras.

En tal virtud, la estrategia a seguir para saldar esa deuda con las campesinos es generar una política de Estado de largo plazo que logre trascender los propios periodos de gobierno. En segundo lugar, debe darse un desarrollo integral desde lo económico, político y ambiental, cuyo énfasis sea lo local y bajo una orientación territorial participativa. En esta propuesta se busca que el campesino construya conocimiento alrededor del sistema productivo, pues es este actor quien cuenta con mayor experiencia y autonomía para tomar las mejores decisiones en torno a su labor.

Sin embargo, la cuestión va más allá del desarrollo agrícola, puesto que debe incentivarse la realización de actividades rurales que contribuyan al desarrollo de la región, donde a partir de lo local los pobladores puedan contribuir al desarrollo sostenible de sus pueblos. Este es el caso de las vías terciarias y la construcción de obras civiles, donde los habitantes pueden aportas su mano de obra y generar mayores oportunidades de empleo. Así mismo se busca que el Gobierno Nacional tenga como proveedores a familias y pequeños productores agricolas.

En este aspecto, el Gobierno Nacional actualmente se encuentra trabajando en seis estrategias integrales, entre las que cabe destacar el desarrollo con enfoque territorial, la inclusión social con enfoque de derechos, la inclusión productiva, la ruralidad competitiva, la sostenibilidad ambiental y la reforma institucional.

Dentro de las acciones planteadas en este plan estratégico se contempla el cierre de los déficit y las brechas sociales, a partir de la consolidación de unos esquemas de nutrición y seguridad alimentaria satisfactorios, los servicios de educación y salud no sólo en acceso sino también en calidad y flexibilidad, entendida esta como la adaptación del sistema a las circunstancias sociales, culturales y geográficas del sector rural, así como el acceso a vivienda, agua y saneamiento, alianzas con cajas de compensación, salud y riesgos profesionales para garantizar un sistema prestacional moderno y digno para los campesinos y la eliminación del analfabetismo.

Del asistencialismo del Estado a la comunidad como protagonista

Ocampo insistió en que es importante para el perfeccionamiento de esta política que se universalicen las políticas de desarrollo agrario en todas las instituciones estatales. Sin embargo, advirtió que es necesario que el Estado cambie su visión de asistencialismo y transite por las sendas de lo participativo, camino por el cual las comunidades rurales son protagonistas del desarrollo productivo.

Dadas estas condiciones, el paso a seguir es crear un gran Fondo de Desarrollo Rural, desde el cual se gestionen programas integrales de desarrollo productivo, proyectos de inclusión productiva, acceso a infraestructura para la pequeña producción y el fortalecimiento de la institucionalidad territorial. En segundo lugar deberá constituirse una Agencia Nacional de Tierras, encargada de la formalización masiva de la propiedad y de redistribuir las tierras provenientes no sólo de procesos judiciales de extinción de dominio sino también a través de la compra de tierras por parte del Estado, las cuales puedan ser entregadas a los pobladores.

Acerca del expositor

José Antonio Ocampo es economista y sociólogo de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) y doctor en Economía de la Universidad de Yale. Ocampo fue designado como Ministro de Agricultura bajo la presidencia de César Gaviria, así como jefe de la cartera de Hacienda en el gobierno de Ernesto Samper, director de Planeación Nacional y Fedesarrollo. En el plano internacional ha sido director ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y secretario adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Economía y los Asuntos Sociales, siendo el primer colombiano en ocupar tan alta posición dentro de ese organismo. Actualmente se desempeña como director de la Misión Rural, conformada por un grupo de expertos que ayudarán a formular las políticas publicas en materia de desarrollo rural para las próximas décadas en Colombia. Asimismo, Ocampo es el actual director de la concentración de desarrollo económico y político adscrita a la escuela de asuntos públicos e internacionales de la Universidad de Columbia, miembro del Comité de pensamiento global y presidente del Comité de políticas de desarrollo del consejo económico y social de las Naciones Unidas.

Ocampo fue propuesto como candidato para ocupar la presidencia del Banco Mundial en el año 2012. De igual forma, ha recibido importantes distinciones académicas, entre ellas el Premio Jaume Vicens Vives de la Asociación Española de Historia Económica como el mejor libro de historia económica de España o América Latina del bienio, el Premio Leontief para el Avance de las Fronteras del Pensamiento Económico y el Premio Nacional de Ciencias Alejandro Ángel Escobar en Colombia. Asimismo ha escrito ampliamente sobre teoría y política macroeconómica, asuntos financieros internacionales, desarrollo económico y social, comercio internacional e historia económica de Colombia y América Latina, entre los que se destacan: “El desarrollo económico de América Latina desde la independencia” y “Cooperación para el desarrollo en tiempos de crisis”.

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 2613 del 14 de agosto de 1959 Minjusticia.

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