Por: Oriana Sofía Alvarez
Las estadísticas en relación con la violencia contra las mujeres en Colombia al iniciar el año 2015, no fueron diferentes a las de los últimos cuatro años. Solo habían transcurrido diez días, cuando las noticias reportaban varios casos de violencia intrafamiliar, mujeres quemadas y asesinadas entre algunas de sus tipologías.
Según análisis realizado por feminicidio.net, Web de origen español, donde se visibilizan temas alusivos a la violencia contra las mujeres por su condición de género, Colombia ocupa el primer lugar en América Latina con el mayor número de casos reportados de mujeres quemadas con ácido; para el 2013 se registraron 35 casos, cifra que evidencia el incremento de agresiones contra la vida de las mujeres.
En cuanto al feminicidio los datos no son más alentadores. Un estudio titulado: ¿Será que a las mujeres nos matan porque nos aman? señala que desde el año 2002 hasta el 2009 en Colombia se contabilizaron 11.975 mujeres asesinadas.
Para el año 2012 y según Medicina Legal, 1.146 mujeres fueron víctimas de feminicidios, es decir, diariamente 4 mujeres fueron asesinadas. En los 5 primeros meses del 2013 se habían reportado 500 casos y en comparación al 2011 se presentó un incremento del 40% en los asesinatos de mujeres por violencia intrafamiliar o por delitos sexuales entre otros.
La violación contra las mujeres además de ser una violación de los derechos humanos, también genera consecuencias para su salud y bienestar. La salud como derecho, tiene impacto en el ámbito personal y social así como costos económicos; su incumplimiento, obstaculiza el crecimiento económico y social de las naciones y dificultan los esfuerzos para reducir la pobreza.
Los costos económicos se clasifican en costos directos e indirectos; los primeros están asociados a los gastos en los que tiene que incurrir el Estado en lo que respecta a servicios judiciales, servicios sociales y de salud -las incapacidades y la atención de los servicios hospitalarios. Los segundos se refieren a la reducción de la productividad y la pérdida de empleos. Estos costos no solo recaen sobre las mujeres que deben de ausentarse del trabajo por lesiones, sino también sobre los empleadores quienes deben adaptarse a esa pérdida de productividad y cargar con los costos de licencia por enfermedad teniendo en cuenta que también deben contratar y capacitar a las personas reemplazantes. En un estudio realizado por Rocío Ribeiro y Fabio Sánchez, el maltrato a las mujeres en Colombia ha provocado que sus ingresos sean inferiores en aproximadamente 70% y que además de eso la probabilidad de estar desempleadas aumenta por ser víctimas de cualquier tipo de violencia. El estudio afirma que en el 2005 la violencia contra las mujeres le costó al país aproximadamente 4% del PIB.
¿Cuánto más seguirá costando la violencia contra las mujeres? ¿Cuántos feminicidios, abusos sexuales, mujeres quemadas y maltratadas deben ocurrir para que el tema se aborde desde el enfoque de la prevención e intervención?
Si bien Colombia ha avanzado en la aprobación de leyes que permiten establecer agravantes legales cuando se trata de la privación de la vida de la mujer (Ley N°1257 y Ley 294) aún falta mucho por hacer. Por ejemplo, aunque existe la Ley 1639 de 2013 que fortalece las medidas de protección contra la integridad de las víctimas de crímenes con ácido, aún no ha sido reglamentada la norma y todavía la mayoría de casos en Colombia siguen en la impunidad.
Es cierto que en la erradicación de la violencia contra las mujeres el Estado ha venido buscando rutas para intervenir esta grave problemática, pero aún se necesitan mayores esfuerzos, sobre todo porque es al Estado Colombiano a quien le corresponde proteger la vida de todas las personas y entre estas la de las mujeres.
Es necesario entonces judicializar a los culpables, y reparar a las mujeres víctimas de la violencia, ya que como problemática social, continúa siendo uno de los desafíos más grandes de nuestra época, y mientras no se intervenga con la implementación de programas y planes sostenibles desde las políticas públicas, incluyendo la medición de su impacto con evaluaciones periódicas, no se podrá afirmar que Colombia está logrando progresos reales hacia la búsqueda de la paz con equidad social.