El pasado 15 de septiembre de 2017 se llevó a cabo el Tercer Green Lunch de Utadeo, en el que se discutió sobre la Responsabilidad Internacional Ambiental de las Empresas Privadas con un especial énfasis en el sector extractivo. El evento, dirigido por el profesor Fabián Cárdenas, del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad, hace parte de las actividades adelantadas por el Semillero de Investigación en Asuntos Ambientales Internacionales del Programa de Derecho.
Empresas Privadas y Derecho Internacional Ambiental
En Colombia, al igual que muchos otros países latinoamericanos, las empresas multinacionales dedicadas al extractivismo (en todas sus formas) tienen gran influencia sobre la vida y el territorio. En la actualidad, muchas de sus actividades han sido cuestionadas desde distintos sectores, a tal punto que la gestión de muchas de ellas ha sido puesta bajo la lupa en varias oportunidades; incluso en la opinión pública es posible identificar cierta reticencia al respecto.
Uno de los impactos más discutidos, y, además, más trágicamente visibles, es y continuará siendo el ambiental. Es por ello que las empresas son actores indispensables a la hora de ejercer un papel activo en el impulso de estrategias de producción sostenible y de cuidado de la naturaleza.
De ese modo (y con la intención de sumarse a la discusión y cualificar argumentos para incrementar el entendimiento en la cuestión), el pasado 15 de septiembre se llevó a cabo la tercera versión del Green Lunch auspiciada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Academia Colombiana de Derecho Internacional, la cual giró en torno a la Responsabilidad Internacional Ambiental de la Empresa Privada, y, de manera particular, al sector extractivo. Este rubro es, indiscutiblemente, una de las estrategias más sonadas para enfrentar la problemática ambiental de la extracción de recursos naturales a nivel global.
En su introducción, Fabián Cárdenas, director del Green Lunch y profesor de Utadeo, explicó la relevancia del tema en el contexto contemporáneo y reseñó cómo el derecho internacional público ha reconocido a las empresas multinacionales como sujetos de derecho.
El profesor Cárdenas resaltó el hecho de que las más importantes organizaciones internacionales (entre ellas la ONU) hayan creado instrumentos que estudien el alcance y los límites de la actividad de los grandes conglomerados productivos con relación a los derechos humanos y el medio ambiente. Dicha categoría tiene que ver con el impacto que sus actividades tienen sobre lo que se denomina la res communis, o todos aquellos bienes que comparte la humanidad y el impacto negativo, por no decir destructivo, de esta actividad.
Ángela Rivera, asesora de la oficina de asuntos internacionales y de la dirección de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, habló sobre el uso del mercurio en actividades productivas y el estado actual del Convenio de Minamata.
Aunque Colombia no hace parte del Tratado, la delegación colombiana ha participado activamente en todos los escenarios de negociación y promoción del mismo a nivel regional. Al respecto, Rivera se refirió al tema de la minería artesanal o a pequeña escala señalando que debido a la especificidad de la situación en nuestro país (en donde la actividad se categoriza como de subsistencia, es decir, que las personas viven día a día de ello), no es posible prohibirla sin antes construir estrategias gubernamentales que permitan hacer el tránsito a otras actividades que no incluyan el uso del mercurio.
Por su parte, Almícar García, gerente de Asuntos Ambientales de la multinacional Drummond Ltd., encaminó su presentación hacia la responsabilidad ambiental, que corresponde a todos los esfuerzos que una multinacional hace por devolver una parte de lo que gana a las comunidades que de algún modo se han visto afectadas por sus actividades. "No sólo es cumplir lo que establece la ley sino ir mucho más allá y tratar de ser un ejemplo de buenas prácticas empresariales", afirmó, "hay que invertir en proyectos de recuperación ambiental y en obras de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los territorios en donde la minería tiene lugar".
Desde el punto de vista académico y consultor, Milton Montoya, director de investigaciones del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, presentó un panorama actual de lo que viene aconteciendo en nuestro país respecto a la tendencia popular de rechazar algunas de las expresiones de la minería a gran escala. Para Montoya, la proliferación de consultas populares ha dejado claro que es necesaria la puntualización de las competencias de los entes territoriales sobre asuntos que potencialmente podrían significar aprietos para el gobierno central, como, por ejemplo, eventuales demandas por incumplimiento de contratos en tribunales de arbitramento, disminución de ingresos por regalías, descalificaciones en los informes de confianza para inversión extrajera, entre otros. Según la Asociación Colombiana de Minería, actualmente hay 49 consultas populares en proceso de convocatoria y 17 acuerdos municipales que pueden definir el futuro de algunos de los proyectos más ambiciosos en el país que tienen que ver directamente con la industria minero-energética.
No cabe duda de que el tema requiere especial atención a la luz de los hechos más recientes de nuestro país, sobre todo respecto a los paros mineros, movilizaciones sociales y movimientos sociales que han surgido como una síntesis de la inconformidad y el rechazo hacia la minería a gran escala.